Uno de los administradores judiciales de la empresa Gaslow fue pieza clave en la operación realizada en el «caso hidrocarburos», según las investigaciones que arroja el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO).

Los investigadores señalan que Claudio Rivas, uno de los principales imputados en la Audiencia Nacional, procedió «con la intermediación» de Víctor de Aldama a la «reactivación temporal de las operaciones comerciales» a través de Have Got Time (controlada por Carmen y Leonor Pano) y la propia Gaslow.

Pese a que esta última ya se encontraba, en ese momento, bajo administración judicial, luego de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN también comenzara a investigar a la empresa por defraudación al Tesoro Público y fuera desmantelada en julio de 2021.

Mientras se demoraba la obtención de la licencia estatal de operador de Villafuel (investigada por defraudar 182 millones en IVA), la estrategia de Rivas y Aldama fue intentar reactivar el flujo de fondos de origen delictivo. La Guardia Civil señala que, a tal efecto, durante el primer semestre de 2022 retomaron el contacto con el administrador judicial de Gaslow, que era Francisco Javier Patiño.

Se comunicaron con el administrador a través de terceros, jugada que resultó exitosa, ya que tanto Aldama como Rivas terminaron reuniéndose con Patiño en junio de 2022.

Gracias a este acercamiento con el administrador designado por el instructor, lograron reactivar el contrato de suministro que Gaslow ya había firmado en mayo de 2021, como operador del mercado de combustibles, con el proveedor Have Got Time.

El contrato original fue formalizado en mayo de 2021 por Patiño, en una primera etapa en la que ya se desempeñaba como administrador judicial de la primera de las sociedades mercantiles.

La reactivación de las operaciones entre Gaslow y Villafuel, con el visto bueno del administrador Patiño, se reflejó en una nueva adenda al contrato de suministro de petrolíferos mediante ventas bajo el régimen suspensivo del IVA.

Se firmó en junio de 2022, entre este hombre y la hija de Carmen Pano, la empresaria que declaró haber entregado 90.000 euros a Ferraz como pago de la licencia de hidrocarburos. Esto fue posible, como atestigua la UCO, «tras las oportunas correcciones y la intermediación de Aldama con Patiño».

No fue un paso baladí para la red investigada por el juez Santiago Pedraz, como advierte la UCO en el marco de sus últimas investigaciones.

«La firma de la adenda representó un punto de inflexión en las operaciones de la organización criminal», explica. ¿Por qué motivo? Porque permitió que Have Got Time (la empresa que compró el chalet de Ábalos en La Alcaidesa) empezara a operar. Y, en consecuencia, “generar un gran volumen de dinero de origen delictivo que, finalmente, fue utilizado para capitalizar a Villafuel.

Para que ésta cumpla con los requisitos de capacidad financiera necesarios (mínimo de tres millones de euros) para recibir la licencia de hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Sin embargo, parte de ese flujo de capitales de origen delictivo -siempre según los investigadores- era utilizado en beneficio de los responsables de este grupo criminal para la adquisición de yates, inmuebles, vacaciones, cacerías e incluso el pago de seguros de vehículos.

Una vez justificada la capacidad económica ante la Administración, apenas un día después, el 22 de julio de 2022, se dieron las oportunas órdenes para que los 2.700.000 euros regresaran a la empresa (interpuesta e instrumentalizada por Rivas) de la que anteriormente habían salido, esta vez a través de tres transferencias por valor de 900.000 euros, enmascaradas bajo el concepto «cancelación de pedidos».

Menos de dos meses después, en septiembre de 2022, Villafuel recibió finalmente la concesión que le habían negado y por la que la UCO dice que Aldama intentó influir, a través de José Luis Ábalos, en el Gobierno respecto a su concesión.

A través de dos reuniones y conversaciones mantenidas por la mano derecha del entonces Ministro de Transportes, Koldo García, con el director del gabinete de Reyes Maroto como Ministro de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart; de Teresa Ribera como responsable de Transición Ecológica, Marc Pons Pon, y del todavía director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández. Ahora citados a declarar como testigos el próximo 28 de enero ante el juez Pedraz.

Fuentes conocedoras del caso dijeron a LA RAZÓN que no se puede descartar que a través de esa intermediación con el administrador judicial Aldama hubiera recibido supuestamente el pago de 925.036 euros.