Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, creados por la Ley Orgánica 1/2004, nacieron con un propósito noble: ofrecer un lugar especializado para atender a las víctimas de violencia de género, con jueces, fiscales y personal formado en la sensibilidad que estos casos requieren. Sin embargo, la realidad no se acaba de ajustar del todo a esa visión. Estos juzgados operan en un estado de emergencia permanente, con oficinas judiciales bajo mínimos, expedientes que se acumulan y una infraestructura a veces necesitada de más medios. En realidad es un mal endémico de la mayoría de juzgados del país, con plantillas diezmadas, tecnología obsoleta, o sistemas de gestión incompatibles entre diferentes comunidades autónomas, pero en el caso de Asturias la situación se puso sobre la mesa en la última reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. En ese órgano se han planteado recientemente diversos problemas en el funcionamiento de los órganos judiciales especializados, especialmente tras la comarcalización y la reorganización de los juzgados.