El plan de vivienda asequible y alquiler del Gobierno nace con un déficit previo de 12.000 activos inmobiliarios de la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), que desconoce en qué estado se encuentran y si podrán incorporarse al proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda. Para intentar solucionarlo, ha lanzado un concurso para encontrar una empresa que le ayude a certificar que esos 12.000 activos -la gran mayoría viviendas pero también algún suelo- cumplen los requisitos para ser traspasados ​​al pool público de alquiler asequible, que gestionará a través de Sepes, que se convertirá hoy en la Casa 47 tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Se convertirá en una Entidad Estatal de Vivienda que anunció hace un año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que actuará como «garante del artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada», según adelantó la ministra del sector, Isabel Rodríguez.

Este proceso de transformación se enmarca en los planes del Gobierno para impulsar un parque público de vivienda en alquiler a precios asequibles, que incluye la incorporación de los activos gestionados por Sareb. Según datos oficiales del Ministerio de Vivienda, se han identificado 40.000 viviendas y cerca de 2.400 terrenos que se pueden incorporar a este parque público, con un valor de mercado actual de unos 5.900 millones de euros y con capacidad para albergar más de 55.000 viviendas.

Sin embargo, como recuerda el PE, para incorporar viviendas de Sareb, el pasado verano el Consejo de Ministros estableció una serie de criterios que incluyen requisitos geográficos -que estén ubicados en determinadas zonas y municipios- y económicos -siguiendo una exigencia de metros cuadrados y valor de tasación-, así como requisitos técnicos -que los edificios y viviendas en sí no tengan «patologías estructurales» o que tengan unas condiciones de habitabilidad adecuadas-.

En este último apartado se encuentran los citados 12.000 activos inmobiliarios, para los que Sareb ha aprobado esta licitación, justificados por no disponer de los «medios, recursos o acreditaciones profesionales para certificar el cumplimiento de los requisitos directamente en los plazos y con el alcance previsto», y por la «necesidad de atender el requerimiento realizado por Sepes de certificar que los inmuebles a transmitir cumplen con los requisitos establecidos por el Consejo de Ministros».

Tras realizar los controles, la empresa deberá emitir un informe de certificación de calidad que incluya, entre otros elementos, un «check list» con los requisitos revisados, evidencia fotográfica de la visita o un informe, en su caso, que incluya las incidencias que impiden la certificación y transferencia del activo, entre otros elementos.

Tal y como adelantó Rodríguez la semana pasada, Casa 47 dispondrá de 100 millones de euros para adquirir más viviendas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible, con una duración de contrato de hasta 75 años: el primero será de 14 años y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años «siempre que se mantengan las condiciones de acceso». Para garantizar la asequibilidad de la vivienda, se limitará el precio de los alquileres gestionados por Casa 47 de tal forma que «nadie gaste más del 30% de su salario en pagar un alquiler, porque el contrato se adapta al salario y no al revés».