La situación es muy similar a la vivida allá por 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania primero y las sanciones contra Rusia después dispararon los costes de la producción agrícola, pero hay varios elementos que pintan un contexto más desastroso esta vez: la velocidad de contagio de la inflación, el exceso de ‘stock’ y el impuesto al carbono implementado por la Unión Europea a partir de enero de 2026.

Para contextualizar el caso, hay que recordar que, además del petróleo, Ormuz también pasa entre un 25% y 35% del comercio mundial de materias primas utilizadas para fabricar fertilizantes, lo que equivale a decir que, en este momento, el grifo de la segunda mayor reserva mundial de estos insumos -después de China- está prácticamente cerrado. Nuestro país no se abastece de Oriente Medio sino principalmente de Argelia y Egipto, pero poco importa ya que el precio de estos bienes es global.

Los datos son claros. Entre febrero de este año y principios de mayo, una tonelada de urea -el fertilizante químico más utilizado por los agricultores- se ha encarecido. 185% en los mercados del norte de África. Esto, a precios FOB, que solo incluyen el costo hasta que el producto se embarca en el puerto de salida. Como explica a ABC Juan Pardo, presidente de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer), a esta cantidad hay que sumar el flete, que son 100% más caros que antes del conflicto, los seguros y el llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (MAFC), que quizás sea el más oneroso ya que es un coste extra que el campo podría haberse ahorrado, de haber habido voluntad política en Bruselas.

El caso es que desde enero de este año las importaciones de fertilizantes a la UE pagan una tasa en función de la contaminación generada durante su producción, hecho que ya en 2025 encareció estos insumos hasta un 15%, dado que los importadores adelantaron costes a sus clientes.

En definitiva, se gesta una crisis de la que ningún agricultor escapará, aunque los productores de cereales de secano, arroz y maíz se postulan -de momento- como los principales afectados, ya que ha llegado el momento de sembrar sin que los mercados hayan recibido ninguna noticia que abra la puerta a una bajada de precios. Para poner a tierra cosas, use el ejemplo del maíz. Según datos de la organización agraria Asaja, actualmente, abonar una hectárea de esta planta cuesta alrededor de 1.300€y a esto hay que sumarle el gasóleo agrícola, que aún con las medidas fiscales implementadas por el Gobierno a partir del 23 de marzo -rebaja del IVA y subvención de 20 céntimos por litro- se ha encarecido un 29% desde que comenzó el conflicto, hasta la 1,44€/litro (cifras del Ministerio de Transición Ecológica).

Como explica a este diario Arsenio Vidal, portavoz de Asaja, entre fertilizante, mano de obra y combustible, plantar una hectárea de maíz en España cuesta ya unos 2.800 euros. Queda por ver cómo se distribuye este sobrecoste a lo largo de la cadena alimentaria y cuál es el impacto en los supermercados, pero para los productores esto ya significa vender con pérdidas; y simplemente haz una simple suma para demostrarlo.

Actualmente, y según datos del Ministerio de Agricultura, este grano se paga por poco más de 210 €/t en origen (lo que recibe el agricultor). Con un rendimiento de entre 12.000 y 13.000 kg/ha -según explica el portavoz de Asaja-, se obtienen unos ingresos de unos 2.730 €/ha en el mejor de los casos, unos setenta euros por debajo del precio de coste. También sirven de ejemplo el trigo y la cebada de secano, cuyos costes de plantación -de nuevo, según Asaja- rondan los 800 euros/ha; el rendimiento, en promedio 3.500 kg/ha; y el precio, en 200 €/t. Es decir, si una vez llegado el verano -época de la cosecha- no se ha corregido al alza la cantidad que reciben los productores, estos Pueden perder 100 euros por hectárea.

Este desequilibrio es especialmente problemático en el caso del arroz, ya que este producto ya ha sufrido una caída de precios en origen del 15% en 2025 debido a la recuperación tras la sequía de 2024 y al aumento de las importaciones procedentes de Camboya y Birmania. En sólo un año, el grano japónica (el más común en España) ha pasado de 700 €/t a unos 450-500 €/t, explica José Pascual Fortea, responsable del sector arrocero de AVA-Asaja. Y mientras esto ocurre, este mes de mayo las grandes comarcas productoras del Delta del Ebro, las marismas del Guadalquivir, la Albufera valenciana y Badajoz tendrán que abonar sus cultivos con los fertilizantes más caros y sin que la industria renueve sus contratos a un ritmo al alza. Pascual Fortea ha pagado la tonelada de urea para 920€ este añocuando en 2025 lo pagó a 520; «Al final nuestro negocio será inviable», afirma.

Ante esto, es evidente que más temprano que tarde los alimentos se van a encarecer en los lineales de los supermercados. Según una estimación reciente de Funcas, el ‘think tank’ de las cajas de ahorros, esto ocurrirá hacia finales de verano, cuando se estima que el IPC de la cesta de la compra registre una subida del 7% interanual.