Caos y confusión con la decisión del Ministerio de Hacienda de posponer su Gran Hermano fiscal a 2027. Esta semana, el departamento que dirige María Jesús Montero. ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu. Su implementación iba a entrar en vigor el 1 de enero para las empresas del país que pagan el Impuesto sobre Sociedades y el próximo 1 de julio en el caso de autónomos y pymes.

Con esta herramienta, el fisco pretende Controlar de forma exhaustiva y en tiempo real la mayoría de facturas emitidas en España. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda publicó un vídeo en el que recordaba a todos los afectados los plazos obligatorios que tendrían que cumplir en 2026. Sin embargo, unos días después cambiaron de opinión, lo que hace que retrasar Verifactu no haya sido una decisión analizada, precisamente en el tiempo.

Estupor entre los asesores fiscales

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) no cree que el cambio en el Ejecutivo de Pedro Sánchez a pocos días de que el reglamento entre en vigor. «Si bien es cierto que muchas empresas, pymes y autónomos han recibido con alivio esta prórroga, el aplazamiento apenas un mes después de su entrada en vigor envía un mensaje profundamente negativo para la sociedad y el tejido empresarial en su conjunto» considerar.

Una reforma anunciada hace años «no puede retrasarse en el último momento, sin esto muestra una falta de planificación por parte de la propia Administración» añaden.

Pérdida de tiempo y dinero. entre muchos empresarios y autónomos, que ya habían cambiado sus sistemas de facturación para hacerlos compatibles con Verifactu y ante la amenaza de multas de hasta 50.000 eurosson evidentes. «Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos -guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal- han intentado adaptarse a obligaciones cuyas El alcance, el funcionamiento y las operaciones siguen planteando dudas relevantes para numerosos sectores. y, lo que es más preocupante, incluso para la propia Administración», critica esta asociación.

El daño entre quienes decidieron cumplir diligentemente las ideas del Gobierno es total. «Estas empresas ya habían realizado importantes inversiones, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa».

Por tanto, «el aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implementación ordenada, gradual y técnicamente sólida. Una modernización tributaria de la magnitud de Verifactu requiere de una anticipación realista, evaluaciones de impacto bien diseñadas y un calendario firme que permita a las empresas, profesionales y sectores económicos adaptarse con tiempo, certeza y conocimiento. Modificar una obligación de tal relevancia en el último momento afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad regulatoria y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal».

A la disminución de la seguridad jurídica generada por Hacienda hay que sumar «un elemento especialmente preocupante: el mensaje que esta decisión envía a los ciudadanos y al empresariado. Las empresas que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo a adaptarse a tiempo se sienten ahora desincentivadas, mientras que aquellas que no han acometido la preparación necesaria pueden percibir que esa falta de previsión se ve, en la práctica, recompensada», consideran.

Este efecto «es profundamente desalentador y envía una señal inequívocamente negativa al futuro: ‘no te adelantes, no inviertas, no planifiques demasiado, porque la norma puede cambiar en el último momento'». Mensaje que socava la confianza, introduce incertidumbre en la toma de decisiones y genera dudas razonables. si situaciones como ésta se pueden repetir», concluyen.