Con 176 votos a favor y 170 en contra, ese primer punto de la consecuencia del movimiento de la interpelación, que elevó medidas concretas contra la crisis de vivienda en España, se ha presentado por mayoría absoluta. Una vez más, son las juntas las que desactivan el bloque de los socios de investidura y que facilita una derrota parlamentaria del gobierno, como sucedió el martes con la ley para crear una oficina anti -corrupción propuesta al agregar y, más famosa, la semana pasada con el naufragio de la reducción del día de trabajo, la medida estrella del vicepresidente Yolanda Díaz.

También existe la circunstancia de que esta mañana, en la sesión de control del Congreso al Gobierno, Sánchez presumió por los beneficios de la Ley de Vivienda, que, dijo, «permite tener palancas para luchar contra el aumento de los precios de los alquileres». Su discurso no convence a la mitad del arco parlamentario, que lejos de las palabras secundarias le ha pedido formalmente esta tarde que derogue esa regla. Si bien las mociones no son vinculantes y legalmente no obligan a nada al ejecutivo, son una solicitud de parlamento y sirven para hacer visible la existencia de una mayoría que quiere avanzar en una dirección.

Dado que la ley de vivienda fue aprobada en 2023, los precios de los alquileres y la compra de bienes raíces no han dejado de aumentar, aunque es cierto que el diagnóstico difiere entre la izquierda y la derecha. El gobierno culpa a las comunidades autónomas gobernadas por el PP por no aplicarlo, son competentes en el asunto, y el derecho acusa al ejecutivo de causar inseguridad legal y desalentar la oferta. Sánchez, de hecho, ha afirmado el miércoles que la ley se aplica «donde las comunidades quieren», en un dardo a lo popular.

Pero mantuvo ese discurso en una respuesta, precisamente, a la portavoz de las juntas grupales parlamentarias por Catalunya, Míriam Nogueras, quien lo había recordado justo antes de la Cámara, con él en el gobierno, se ha convertido en la primera preocupación nacional. Algo que reflejó la encuesta GAD3 para ABC publicada este fin de semana. Horas después, el tercer Varapalo en la derecha separatista llegó en solo ocho días.

«Contención de precios»

La ley de vivienda establece indicadores para que las comunidades autónomas puedan declarar áreas de tensión y limitar el precio de los alquileres, pero la verdad es que no se aplica en ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En Barcelona, ​​según Sánchez, en Cataluña, el PSC gobierna, «se ha logrado una contención de precios».

En el resto de los puntos de la moción, lima y arena. El PP ha movido el segundo punto, que pidió aprobar la ayuda fiscal para que los jóvenes accedan a su primer hogar, con la división en el gobierno, el PSOE ha votado a favor y agregar, contra; Pero ha visto cómo se han rechazado los otros dos, para facilitar la construcción y tomar medidas contra la ocupación ilegal. Los Okupas, también por sorpresa, porque la propia Nogueras había pedido a Sánchez esta mañana que enfrentara este problema.