La falta de adaptación por sectores del nuevo registro horario, la carga extra que supondrá para las pymes, así como el hecho de que el proyecto quiere aprobarse mediante real decreto y no con norma con rango de ley, ha llevado al Consejo de Estado a emitir dictamen desfavorable contra la reforma del registro horario impulsada por Yolanda Díaz, con la que pretende modificar el control de la jornada laboral para evitar su manipulación y para que la Inspección pueda realizar controles a distancia y aplicar una reducción en diferido. base. de la jornada laboral, que fue revocada por el Congreso.

Tras poco más de un mes en manos de los expertos del Consejo de Estado, este proyecto de real decreto sobre registro horario ha rechazado esta iniciativa que inicialmente formaba parte del proyecto de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En concreto, este organismo considera que «no se dan las circunstancias para que la norma se tramite con urgencia», además de que el desarrollo normativo «puede no ajustarse a Derecho», lo que puede traducirse en defectos de forma e incluso «fraude de derecho», según han explicado a LA RAZÓN fuentes especializadas. «La declaración de urgencia de este expediente no está suficientemente justificada, por lo que requiere una tramitación más amplia», señala el dictamen.

Además, señala que la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo ha sido criticada por los Ministerios de Economía y Función Pública en varios elementos del proyecto, y que las obligaciones que conlleva la aplicación de este real decreto para las pymes pueden suponer un sobrecoste cercano a los 900 millones de euros, tal y como reconoce el propio Ministerio. El dictamen incluye entre los documentos aportados un informe desfavorable de la Agencia Española de Protección de Datos, que estima que no se cumplen los requisitos de la reserva legal al respecto.

Fuentes del Ministerio de Trabajo ven «incomprensible» la decisión del Consejo de Estado y no entienden que se haya puesto «contra un instrumento que quiere garantizar que se cumple la ley y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extras en consecuencia». Además,

Recuerdan que el refuerzo del control horario es una medida que forma parte del acuerdo de gobierno de coalición firmado en 2023, por lo que «cuestionarlo es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar. La reducción de jornada no sólo es socialmente necesaria, sino también económicamente viable y está respaldada por evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo seguiremos defendiendo firmemente una reforma que mejore la vida de los trabajadores de nuestro país y modernice verdaderamente nuestro mercado laboral».

Trabajo insiste en que esta sentencia «no es vinculante» y ha confirmado a este diario que seguirá con la tramitación como proyecto de real decreto y no como norma con rango de ley, después de que el Consejo de Ministros la aprobara el pasado 30 de septiembre para su tramitación urgente, una decisión criticada y ahora rechazada por el Consejo de Estado. Desde Trabajo insisten en que «queremos que el registro horario sea digital y objetivo y verificable en tiempo real, que los trabajadores hagan las anotaciones, y que queden registrados todo tipo de jornada (ordinaria, extraordinaria, flexible y complementaria en tiempo parcial), todo ello para saber si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos».

Por su parte, CC OO y UGT también han mostrado su rechazo al dictamen al entender que el informe del órgano consultivo «introduce serias dudas y obstáculos en un ámbito donde lo verdaderamente urgente no es cuestionar la norma, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la ley». Ambos sindicatos instan al Gobierno a avanzar en la reforma del registro de la jornada laboral, «reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real. El Gobierno no puede basarse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social o renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro verdaderamente objetivo, fiable, accesible e inmanipulable. Está en juego el respeto de los derechos de 16,6 millones de trabajadores y la propia equidad del sistema económico», advierten los sindicatos. sindicatos en una declaración conjunta.

Ambos sindicatos señalan que, a pesar de que el Consejo de Estado reconoce la persistencia de incumplimientos «masivos» en materia de jornada laboral y horas extraordinarias y su impacto en la precariedad laboral y la financiación del sistema de protección social, su dictamen «parece desviar la atención de lo esencial. Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley. Es incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan precauciones que pueden acabar protegiendo zonas de impunidad, cuando el actual sistema de registro del tiempo ha demostrado ser claramente insuficiente y, en gran medida, infructuoso»