el coste de ignorar Europa
España vuelve a tropezar con la misma piedra. El transposición de la Directiva (UE) 2023/2413 sobre energías renovables No sólo es tarde sino que además se está haciendo de forma selectiva. El Gobierno ha optado por incorporar rápidamente aquellos elementos que encajen … con su agenda política inmediata, dejando de lado otras igualmente obligatorias y decisivas para acelerar el despliegue energético. No es un retraso técnico: es una decisión política.
El Real Decreto-Ley 7/2026 es un buen ejemplo de esta “transposición bajo demanda”. El Ejecutivo ha incorporado algunas disposiciones centradas en zonas de aceleración de renovables y ha justificado su urgencia por el retraso acumulado. Sin embargo, esa urgencia desaparece a la hora de aplicar otros preceptos igualmente vinculantes, cuyo plazo de transposición expiró en julio de 2024.
La omisión más relevante es la del principio de «interés público superior» para los proyectos de renovables, almacenamiento y sus infraestructuras de conexión. Este mecanismo, incluido en el artículo 16.f de la Directiva, es clave para agilizar la tramitación, reducir los litigios y dotar de seguridad jurídica a las inversiones. Se trata, en definitiva, de una herramienta imprescindible para evitar que la transición energética quede atrapada en la burocracia.
El sector energético lo ha entendido mejor que el propio Ejecutivo. Organizaciones, como Asociación Empresarial Eólica, han solicitado expresamente su incorporación, subrayando su utilidad para simplificar los permisos y evitar retrasos. Ignorar esta demanda no sólo retrasa los proyectos, sino que envía una señal de incertidumbre a quienes deben invertir miles de millones en infraestructura clave.
La inconsistencia no termina ahí. Si bien el Gobierno omite las obligaciones ya vigentes en virtud del derecho europeo, no duda en recurrir a propuestas legislativas aún en fase embrionaria en Bruselas para justificar nuevas cargas para el sector. Este es el caso de los llamados paquete de red europea, cuyo contenido final ni siquiera está ultimado, pero que ya se utiliza como argumento para exigir a los productores que transfieran parte de sus beneficios a las comunidades locales.
El contraste es evidente: se ignora una norma europea existente cuando facilita la ejecución de proyectos, pero se invoca una propuesta aún incierta cuando sirve para imponer obligaciones adicionales. No es una cuestión de técnica jurídica, sino de coherencia institucional y respeto al marco europeo que España está obligada a cumplir.
El resultado es preocupante. España no sólo llega tarde a la transposición, sino que lo hace de forma fragmentada, eligiendo qué partes aplicar según criterios políticos. Esta estrategia debilita la seguridad jurídica y expone al país a un riesgo real de sanciones económicas.
Ese riesgo ya no es teórico. El incumplimiento del plazo ha supuesto la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Si persiste la inacción, el caso podría pasar a Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la consiguiente imposición de multas.
No sería la primera vez. El precedente de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas es claro: España acumula más de 100 millones de euros en sanciones, con sanciones diarias que siguen creciendo. Es un ejemplo de lo que sucede cuando se posponen decisiones obligatorias.
¿Puede el Gobierno permitirse que se repita este escenario en el ámbito energético? La respuesta es obvia. Cada retraso tiene un coste directo para las arcas públicas, que acaban asumiendo los contribuyentes.
Además, una transposición incompleta no implica únicamente sanciones. También frena el despliegue de las renovables, dificulta la planificación empresarial y reduce la competitividad de España en un momento clave. Otros países avanzan con mayor agilidad aprovechando las herramientas europeas. España, en cambio, parece aplicarlas sólo cuando le conviene.
La transición energética requiere ambición, pero también rigor. No se puede pretender liderarlo mientras no se cumplan las reglas que lo hacen posible, ni exigir confianza al sector privado con un marco regulatorio incompleto.
El Gobierno tiene margen para rectificar. La transposición total de la Directiva no es una opción, sino una obligación. La persistencia en una transposición parcial sólo conduce a más retrasos, inseguridad jurídica y sanciones.
España no necesita una transposición a la carta. Necesita una política energética coherente, alineada con Europa y capaz de ofrecer certidumbre. Lo contrario no sólo frena el progreso: acaba resultando muy caro.
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