Así lo reconocen diversos agentes del sector energético español consultados por este periódico. Existe un sentimiento unánime de que «su impacto práctico ha sido más limitado de lo esperado». De hecho, las fuentes sostienen que el Ministerio para la Transición Ecológica era consciente de que muchas normativas son de largo plazo y que, principalmente, el objetivo debe ser acelerar los plazos. Una situación que había que llevar a cabo pase lo que pase.

El Gobierno, el operador del sistema (Red Eléctrica), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y todos los agentes del sector eran conscientes de la fragilidad del sistema eléctrico. Por eso, cuestiones como la gestión de los controles de tensión -principal tesis sobre la sentencia del 28 de abril- se venían intentando legislar desde hacía tiempo.

Lo mismo ocurrió con la entrada masiva de las renovables al sistema. Todos eran conscientes de que había que retocar algo, hacer ajustes. Bien por la parte económica, donde empezaron a saltar las alarmas por la señal de precios que daban. Es decir, dejaron de ser rentables al fijar precios a cero euros cuando producían electricidad; a los problemas que planteaban a la infraestructura por sus características técnicas.

Un ejemplo específico tiene que ver con el almacenamiento. Ya sea a través de baterías, o con sistemas de bombeo hidráulico. Este punto fue clave en el real decreto de noviembre. Sin embargo, algo no funciona. Fuentes del sector explican a ABC que la norma ha tenido un impacto «limitado» y, lo más importante, que el problema de los plazos y la burocracia no ha terminado. Nadie le quita los dos años de gestión.

Poca transparencia

Paradójicamente, una de las cuestiones que la norma anti-apagones dejó fuera de todo fue el «modo reforzado» de funcionamiento del sistema de Red Eléctrica. Algo que no se sabe si será permanente, temporal o por cuánto tiempo.

«Es clave que la nueva normativa haga transparente el cálculo de los servicios de ajuste y auditoría y fomente el fin de la ‘operación reforzada’, y también permita a los comercializadores ofrecer flexibilidad con reglas de liquidación claras y requisitos técnicos proporcionados», señalan las fuentes. Lo que piden al sector es transparencia ‘ex ante’ en el traspaso de costes del ‘modo reforzado’ a tarifas o peajes; e incentivos para que las normas premien la previsión y la flexibilidad contratada.

Y la situación suma y continúa. Aseguran desde el sector energético que la norma «más que decepcionante, podría calificarse como un primer paso insuficiente». Una cuestión esencial es que la electrificación es la gran asignatura pendiente, «hay que acelerarla mediante concursos de demanda», otra cuestión en el aire.

En materia tributaria, recuerdan que se debe eliminar definitivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). «La suspensión durante el segundo trimestre de 2026 y la reducción del 10% en el primero (introducida en el RDL 7/2026) son medidas útiles, pero insuficientes», especifican.

Asimismo, recuerdan que la norma ofrece una «señal de bajo precio para el control de tensiones». Es decir, la señal de precio que se está dando actualmente a las plantas renovables para que se habiliten en el control de tensión y puedan dar este servicio «es insuficiente», señalan.