El derrumbe del Derecho Internacional Humanitario
Pedro Arcos González es investigador del Oxford Public Health Research Group
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH), ese conjunto de normas básicas creado en 1864 con la adopción del Primer convenio de Ginebra para proteger a las personas que no participan en hostilidades, limitar los efectos de los conflictos armados y garantizar la dignidad y la protección de los civiles, se desmorona literalmente ante nuestros ojos. En el año que acaba de terminar autócratas como Vladimir Putin, Donald Trump o Benjamin Netanyahu le han dado la puntilla a la arquitectura del Derecho Internacional Humanitario tan laboriosamente construida desde el siglo pasado. Y de paso, también han dinamitado la Organización de Naciones Unidas.
[–>[–>[–>Para calibrar la magnitud del deterioro en la protección de los derechos humanos no hay más que leer el informe «Retos Humanitarios 2025» del Comité Internacional de la Cruz Roja, o escuchar las declaraciones de su presidenta Mirjana Spoljaric al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU, en las que subraya como los conflictos actuales han alcanzado un umbral peligroso y que si los principios que protegen a los civiles continúan deteriorándose, el futuro de la humanidad en tiempos de conflicto estará irremediablemente comprometido. Hay ahora 130 conflictos armados activos en todo el mundo, más que hace apenas un año, y la capacidad del DIH para mitigar sufrimiento está contrayéndose en paralelo con la expansión de esos conflictos y la desaparición del multilateralismo.
[–> [–>[–>Los síntomas de un Derecho en ruinas.
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Los síntomas del derrumbe del DIH son múltiples y muy visibles. En primer lugar, el ataque sistemático a civiles y bienes de carácter civil. Hospitales, escuelas, refugios y otras infraestructuras esenciales han sido objeto de operaciones militares en varios conflictos activos. En 2025, organizaciones de Naciones Unidas y actores humanitarios documentaron ataques reiterados contra instalaciones sanitarias y educativas en la Franja de Gaza, en un contexto de hostilidades prolongadas que ya han provocado la muerte a más de 72.000 civiles y el colapso casi total del sistema de salud. Estos hechos han sido señalados como violaciones graves de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que constituyen el núcleo del DIH.
[–>[–>[–>De manera similar, en el conflicto de Ucrania continuaron durante 2025 los ataques con misiles y drones contra infraestructuras energéticas, residenciales y de transporte, especialmente durante los meses de invierno. La destrucción de centrales eléctricas, redes de agua y calefacción afectó de forma directa a millones de civiles, exponiéndolos a condiciones de vida incompatibles con los estándares mínimos de protección humanitaria y reforzando las denuncias de violaciones del derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
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En segundo lugar, los obstáculos al acceso humanitario se han convertido en una constante. En Gaza, Naciones Unidas y más de doscientas organizaciones humanitarias denunciaron en 2025 que las operaciones de ayuda estaban prácticamente paralizadas por Israel debido a restricciones administrativas, cierres prolongados de pasos fronterizos y limitaciones a la entrada de bienes esenciales. Estas prácticas derivaron en episodios de desnutrición severa, hambruna localizada y muertes evitables, particularmente entre niños y personas mayores, lo que numerosos expertos han calificado como una vulneración tanto del DIH como de obligaciones básicas en materia de derechos humanos.
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[–>En tercer lugar, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas siguen siendo un rasgo estructural del sistema internacional. En 2025, el conflicto en Sudán estuvo marcado por denuncias reiteradas de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual generalizada, saqueos y desplazamientos forzados de población civil. A pesar de la gravedad y la reiteración de estos hechos, los avances en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables han sido mínimos, consolidando un entorno en el que las normas humanitarias pierden efectividad como marco regulador de la conducta en la guerra.
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En cuarto lugar, la normalización de tácticas devastadoras. El uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas, los ataques indiscriminados y la falta de protección efectiva del personal humanitario se han intensificado. Durante 2025 se registraron ataques contra convoyes humanitarios y personal de organizaciones internacionales en distintos teatros de conflicto, incluidos Gaza y Sudán, pese a su estatus protegido. Estos actos constituyen violaciones directas del DIH y erosionan uno de sus pilares fundamentales: la protección de quienes asisten a las víctimas de la guerra.
[–>[–>[–>Las causas del derrumbe
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¿Por qué estamos presenciando este retroceso sistemático? Las causas son múltiples: Primero, la multiplicación de conflictos asimétricos con guerras sin frentes claros y con la participación de actores estatales y no estatales en escenarios fragmentados y prolongados. Segundo, la instrumentalización de los conflictos por potencias regionales y globales que debilita los incentivos para respetar el DIH, especialmente cuando su incumplimiento se percibe como funcional a objetivos estratégicos. Tercero, la debilidad de los mecanismos de cumplimiento por la ausencia de sanciones efectivas y de tribunales con capacidad real para ejercer jurisdicción que refuerza la impunidad y desalienta el respeto de las normas humanitarias. Y, cuarto, la erosión del compromiso político de los Estados que hace que el DIH ya no esté en la agenda política y que su aplicación sobre el terreno se vuelve cada vez más frágil.
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¿Es reversible esta tendencia?
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El Derecho Internacional Humanitario está a punto de desaparecer en un escenario global de violaciones recurrentes, obstáculos al acceso humanitario y erosión progresiva de las normas. Si la comunidad internacional desea preservar un mínimo de humanidad en los conflictos armados, resulta imperativo reafirmar el compromiso político y jurídico con el DIH, reconstruir mecanismos eficaces de cumplimiento y exigir responsabilidades a quienes lo vulneran. La alternativa –una guerra sin reglas– nos aboca a un futuro en el que la protección de la vida y la dignidad humana será poco más que un recuerdo del pasado. En todo caso, esto es lo que nos espera en 2026, el regreso a la Edad Media y a la sustitución del DIH por la ley del más fuerte.
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