La Zona de Bajas Emisiones de Málaga ha acumulado 35.257 denuncias en los primeros seis meses del régimen de sanciones, según datos oficiales del Ayuntamiento. La cifra, que equivale a unas 1.400 multas semanales, refleja la magnitud de una disposición que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó en el aire al anular el sistema sancionador por discriminar a los conductores extranjeros.

Lo que necesitas saber

• Por qué es importante: El TSJA anuló el régimen de sanciones de la ZBE de Málaga por vulnerar los principios de igualdad, libre circulación y libre mercado, una sentencia que podría sentar un precedente en otras zonas de bajas emisiones.
• Cómo te afecta: Las multas continúan tramitándose mientras el Ayuntamiento prepara un recurso ante el Tribunal Supremo. Si se consolida la sentencia, los ciudadanos sancionados podrán solicitar la devolución del dinero.
• Puntos clave y plazos: Las sanciones ascienden a 200 euros (100 en caso de pago puntual) y no implican retirada de puntos. Actualmente sólo se multa a los vehículos sin etiqueta ambiental cuyo impuesto de circulación esté domiciliado fuera de la capital malagueña, pero a finales de 2026 la prohibición se ampliará a los coches con etiqueta B.

El aluvión de multas en la ZBE de Málaga

La respuesta oficial del Ayuntamiento, facilitada al grupo municipal Con Málaga, analiza las 35.257 denuncias tramitadas por la Policía Local entre el 30 de noviembre de 2025 y la misma fecha de este año. Sólo hasta el 1 de febrero se habían contabilizado 11.712, y desde entonces se han sumado otros 23.745. El promedio semanal ronda los 1.400, con un máximo de 1.652 el 9 de febrero.

El portavoz adjunto de Con Málaga, Toni Morillas, informó que las multas están generando una recaudación estimada de entre 3,5 y 7 millones de euros, según se pague la multa reducida o la totalidad. Morillas pide que este dinero se destine íntegramente a la construcción de las 5.000 plazas de aparcamiento prometidas por el alcalde De la Torre en 2023 -de las que todavía no se ha creado ni una sola plaza- y a la renovación de la flota de la EMT para garantizar un transporte público eficiente.

La sentencia del TSJA no pone en duda la propia ZBE, sino el trato desigual: multa a los que vienen de fuera, pero permite a los malagueños circular sin sanciones durante cinco años.

Porque el TSJA anuló las sanciones

La sentencia de la corte andaluza, dictada tras el recurso de Vox, se encuadra de lleno en el régimen sancionador de la ordenanza municipal. El TSJA considera que multar exclusivamente a los vehículos con el impuesto de circulación fuera de la capital vulnera los principios constitucionales de igualdad, libre circulación de personas y unidad de mercado. El fallo no cuestiona la medida ambiental ni su tratamiento, pero declara ilegal la distinción entre conductores locales y extranjeros.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Málaga mantiene activa la ZBE y continúa atendiendo las denuncias. La empresa rechazó las propuestas de Vox y Con Málaga de suspender inmediatamente las sanciones, argumentando que no puede actuar de otra manera hasta que la situación judicial sea definitiva o se modifique la ordenanza. Ahora está considerando apelar ante el Tribunal Supremo, aunque un alto porcentaje de esos recursos suelen ser inadmisibles.

¿Qué pasará con las multas ya pagadas?

El escenario de inseguridad jurídica es creciente. Si el Ayuntamiento no consigue revocar la sentencia, podría verse obligado a devolver el importe de todas las multas cobradas hasta la fecha. Toni Morillas advierte de que la sentencia abre la puerta a numerosas reclamaciones de los automovilistas afectados y subraya que los ingresos estimados -entre 3,5 y 7 millones- deberían destinarse a compensar las carencias de movilidad sostenible en lugar de aumentar las arcas municipales.

Mientras tanto, el efecto disuasorio de las multas ha reducido en 25.000 el número de coches que circulan diariamente por la zona central, según el aforo oficial. Los datos demuestran la eficacia de la ZBE en términos de tráfico, pero la estafa jurídica corre el riesgo de transformar lo que supuestamente era una herramienta de mejora medioambiental en un litigio millonario.