Sea como fuere, si las cifras de las que presume el Ejecutivo tienen algún ‘pero’ no es este, ya que los datos de la Seguridad Social son récord y es probable que muy pronto superen los 22 millones de trabajadores y le hagan buena la camiseta a Pedro Sánchez. Más bien, el problema radica en la naturaleza de esta creación de empleo, ya que se basa en bases que son menos sólidas de lo deseable.

Aquí cabe hablar de contratos fijos-discontinuos, que cubren un buen porcentaje de precariedades ocultas, o de doble contratación, ya que entre los casi 22 millones de miembros Se calcula que son más de 800.000 los que se repiten, dado que la Seguridad Social toma como muestra los contratos y no las personas. La lista continúa con la inmigración, ya que más del 40% de los nuevos puestos creados en el último año fueron ocupados por extranjeros, o el peso excesivo del sector público como generador de empleo.

En un artículo publicado ayer, Fedea subraya esto último, un fenómeno preocupante por el potencial efecto que tendrá sobre el déficit, si el mercado laboral privado comienza a tambalearse. Entre 2019, medio año después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, y el año pasado, las empresas privadas han generado 1.799.176 nuevos afiliados en nuestro país -medido en términos de afiliación media anual e incluyendo a los trabajadores autónomos-, sumando 18.531.717 nuevos afiliados de media en 2025, un 10,8% más. En el mismo periodo, por su parte, las administraciones públicas sumaron 558.199 empleados, alcanzando un total de 3.103.477 A lo largo del año pasado, un sensacional 21,9% más que en 2019.

Esto significa que la tasa de contratación en el sector público es el doble que la del sector privado. Según los datos publicados por la Seguridad Social, este avance se explica principalmente por las comunidades autónomas -nada extraño, dado que tienen transferidas competencias en sanidad y educación-, con 389.184 nuevas matriculaciones en los últimos seis años, hasta un total de 1,8 millones de afiliados. Le siguen la Administración central, con 128.799 altas en el periodo (hasta 470.111), y los ayuntamientos, con 40.215 más (hasta 747.181 afiliados).

Cabe señalar que en el Estado central el empleo ha crecido un 37,7% entre 2019 y 2025, frente al 26% en las comunidades autónomas y el 5,7% en los ayuntamientos, cifra que parece indicar una mayor contratación por parte del Gobierno central, pero no es así. Según explica el economista a ABC Miguel Ángel García Díazautor del informe de Fedea, hay que tener en cuenta que desde 2011 los nuevos trabajadores que ingresan al servicio público lo hacen en el Régimen General y ya no en Clases Pasivas; Dado que las estadísticas de la Seguridad Social no incluyen las afiliaciones en Clases Pasivas, se deduce que el sensacional crecimiento del empleo en la AGE se debe a la jubilación de empleados contratados antes de 2011 y a la entrada de nuevo personal a partir de esa fecha, que ya está incluido en el registro por pertenecer al Régimen General.

El dato verdaderamente útil es el que figura en el Registro Central de Personal (RCP), una estadística del Servicio Público que toma la plantilla de cada administración en lugar de afiliaciones, y de la que se desprende que el empleo público ha crecido una cifra similar a la que indica la Seguridad Social, 514.620 puestos de trabajo, un 19,8%. Sin embargo, a diferencia de las cifras de la Seguridad Social, según este registro, los mayores empleadores dentro del sector público son las autonomías. Según esta base de datos, entre julio de 2019 y julio de 2025 la plantilla de la AGE aumentó algo más del 6% y la de los ayuntamientos un 8%, mientras que la de los gobiernos regionales aumentó un 29%.

Paradójicamente, el gran generador de ocupados es también el gran generador de precariedad, ya que buena parte del casi medio millón de personas contratadas por los gobiernos regionales desde 2019 (435.031según el PCR) son provisionales. De hecho, la tasa de temporalidad en la empresa privada apenas alcanza el 12%, mientras que en la Administración roza el 30%, un problema que ya le ha costado a España una sanción de la Comisión Europea y la amenaza de llevar a nuestro país ante la justicia comunitaria.