El informe aprobado por la comisión parlamentaria advierte a las autoridades españolas contra la adopción de políticas energéticas impulsados ​​ideológicamente que «no se basan en consideraciones técnicas, económicas y de confiabilidad del sistema», y enfatiza que la transición energética «debe ser pragmática, tecnológicamente neutral y basada en la seguridad del suministro, la asequibilidad y la competitividad industrial».

Por lo tanto, el parlamento europeo insta a las autoridades españolas a realizar y publicar, de manera oportuna y transparente, “una evaluación exhaustiva e independiente del apagón, incluido el papel del mix de generación y los factores regulatorios relevantes”; destaca la necesidad de “plena transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos y las partes interesadas”; y les pide que garanticen que «las futuras decisiones de política energética no socaven la estabilidad del sistema eléctrico, perjudiquen a los ciudadanos y las empresas ni generen efectos negativos en los Estados miembros vecinos y en el mercado interior de la energía de la Unión».

Según ha podido saber ABC, la delegación lamenta que representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico liderados por Sara Aagesen no hayan participado en las reuniones, y señala que su participación habría demostrado el compromiso del Gobierno de España con las cuestiones planteadas por los peticionarios y por las autoridades regionales y locales.

Sin embargo, la delegación reconoció la complejidad y sensibilidad estratégica de las cuestiones examinadas durante la misión, tanto en la central nuclear de Almaraz como en el Parque Nacional de Cabañeros. En ambos casos, los debates – dicen las fuentes – revelaron «la necesidad de equilibrar los objetivos de política nacional con la estabilidad socioeconómica regional y la sostenibilidad ambiental».

La visita a la central nuclear de Almaraz puso de relieve la importancia estratégica de la instalación para el sistema eléctrico español y para la economía regional circundante, por lo que, para la delegación esta central representa «un importante pilar económico para la región de Extremadura, sustentando aproximadamente 4.000 empleos directos y un gran número de empleos indirectos, y contribuyendo significativamente a la actividad económica local y al desarrollo regional.

Los expertos que visitaron la central de Cáceres destacan también que su cierre «amenazaría la estabilidad del sistema eléctrico ibérico, aumentaría la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente el gas, y contradiría los objetivos de la Unión en términos de seguridad energética y autonomía estratégica, dado que la central proporciona aproximadamente el 7% de la electricidad de España y evita importantes emisiones de CO₂».

Por todo ello, el Parlamento Europeo hace suyo el informe de la delegación enviada a Almaraz e insta al Gobierno español a que autorice la prórroga del vida operativa de la planta al menos hasta 2040 y evaluar la viabilidad de nuevas ampliaciones de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, incluidos reactores comparables que funcionen de forma segura más allá de 60 años.

Los interlocutores también mencionan los altos estándares de seguridad y confiabilidad de la plantaque destacan está considerada entre las centrales nucleares más seguras de Europa, al tiempo que recuerdan que su planta hermana en Estados Unidos ha recibido recientemente una licencia para operar por otros 80 años.

Además, la delegación reconoció las preocupaciones expresadas por los actores regionales sobre posibles consecuencias socioeconómicas del cierre planificado y el marco fiscal aplicado a la energía nuclear.

Varios interlocutores destacaron el importante papel de energía nuclear como complemento a las fuentes renovables intermitentes, especialmente en ausencia de capacidad suficiente de almacenamiento de energía, y destacó que la generación nuclear contribuye a la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico y, por tanto, es esencial para evitar apagones.

También se observó que las políticas energéticas relativas a la energía nuclear difieren entre los Estados miembros y que varios países están reconsiderando su papel en el contexto de la seguridad energética y la descarbonización, mientras que España es uno de los pocos Estados miembros que mantiene una política de abandono progresivo de la energía nuclear.

Entre otras preocupaciones, la comisión se centra en la marco fiscal actual aplicables a la energía nuclear en España, incluidos los impuestos autonómicos, y señala que la fiscalidad basada en la producción y los cánones sobre el combustible gastado «menoscaban significativamente la viabilidad económica de la generación nuclear», por lo que insta al Gobierno español a revisar dicha fiscalidad para garantizar condiciones de equidad frente a otras fuentes energéticas.