El Gobierno español, a través del Ministerio de Cultura, abrió este viernes el procedimiento previo para solicitar la Ilegalización judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La entidad ya ha recibido notificación del expediente correspondiente y de la apertura del plazo de alegaciones, según confirman fuentes del departamento que dirige. Ernesto Urtasun.

El proceso, que inició en junio de 2024, inició con un período de acciones preliminares encaminadas a recabar información y pruebas para fundamentar el caso. Cultura, como responsable del Protectorado de Fundaciones, es el órgano competente para solicitar dicha extinción judicial.

A raíz de esta notificación, la Fundación Franco ha 10 días hábiles para presentar alegaciones y aportar documentación. Luego el ministerio elaborará una propuesta de resolución, solicitará un informe a la Fiscalía General del Estado y, con ello, Urtasun firmará la resolución definitiva que será elevada a los juzgados de primera instancia en lo civil. Según Europa Press, fuentes de Cultura están convencidas de queEl caso se llevará a los tribunales «lo antes posible»aunque admite que el calendario dependerá de la estrategia de la fundación. Estiman que el caso podría llegar a trámite judicial no antes de agosto de 2026.

Argumentos legales y legales

Para preparar el expediente, el ministerio solicitó informes a la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, al Registro de Fundaciones y a la Fiscalía del Estado. El informe jurídico concluye que una fundación puede extinguirse si no persigue objetivos de interés general o si ensalza el golpe de 1936 y la dictadura, atenta contra la dignidad de las víctimas o incita al odio o la violencia.

A pesar de La FNFF reivindica fines culturales e históricosLos abogados señalan que sus actividades (como la defensa del legado de Franco, la crítica de la ley de memoria democrática y el mantenimiento de archivos «opacos») demuestran una apología del franquismo contrario a la ley de memoria democrática (20/2022) y la Ley de Fundaciones (50/2002). Además, el expediente incluye informes académicos y testimonios de víctimas del franquismo que refuerzan la tesis de que La fundación transmite una visión “inequívocamente positiva” del dictador y su régimennorte.

Protección de archivos y medidas cautelares

Cultura anunció que pediría medidas cautelares para evitar que la fundación modifique o destruya documentos de su archivo histórico. También prevé denunciar a la entidad encargada de proteger los fondos documentales públicos, tras el precedente del asunto Pazo de Meirás. El ministerio subraya que el objetivo es evitar que los españoles sigan «pagando» una fundación que se beneficia de ventajas fiscales, al tiempo que se promueve el legado de una dictadura.

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