El Gobierno conservador de Portugal aprobó este jueves un proyecto de ley para acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular, una nueva medida que endurece la política migratoria y que ahora pasará a consulta pública antes de llegar al Parlamento.

Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que dio luz verde a esta iniciativa que incluye acelerar los procedimientos de expulsión y prohibir el «abuso» de los mecanismos de asilo.

Respecto a este segundo punto, puso el ejemplo del caso ocurrido el pasado verano de una treintena de inmigrantes marroquíes que llegaron al Algarve, en el sur del país, de forma irregular y que solicitaron asilo en Portugal. que suspendió su proceso de expulsión.

El grupo fue internado en un centro de acogida temporal, pero como se superó el tiempo que podían permanecer allí a la espera de que se resolvieran sus expedientes migratorios, fueron trasladados a un centro de acogida juvenil supervisado por la Seguridad Social, del que acabaron abandonando por su propia cuenta.

Leitão Amaro precisó que para evitar casos como este, las competencias para la gestión del asilo se concentrarán en la unidad de inmigración y fronteras de la policía, recientemente creada por el Gobierno, y «ajustarán» las excepciones en casos de expulsión, como el hecho de ser menor de edad.

El portavoz del Gobierno añadió que también se van a crear «soluciones alternativas a la mera detención», como la detención abierta, que recordó es algo que ya se ha implementado en algunos países y que se podría aplicar a familias en situación irregular.

El texto será sometido a partir de mañana, y durante un mes, a consulta pública y dentro de unas dos semanas se convocará a una reunión del Consejo Nacional de Migración y Asilo para escuchar más opiniones, antes de su aprobación definitiva por parte del Gobierno y luego enviado a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

Leitão Amaro afirmó que se trata de un proyecto que «está dirigido a quienes violan las normas»: «No es para todos, no se aplica indiscriminadamente», aseguró.

Defendió que es una propuesta «equilibrada y moderada» y que pondrá a Portugal a nivel europeo, ya que en 2023 fue uno de los países con menos expulsiones y retornos de inmigrantes.

«Esta ley, el nuevo régimen para el retorno de los extranjeros en situación ilegal, es la última gran pieza legislativa de la reforma de la política de inmigración o, si se quiere, de la recreación y reconstrucción de una política de inmigración en Portugal, de la que Portugal carecía», continuó.

Esta medida se suma a los cambios ya aprobados en la Ley de Extranjería, que entre otros limitan la reagrupación familiar, y el de Nacionalidad, lo que dificulta la obtención del pasaporte portugués.

El Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) ya presentó el año pasado una propuesta similar de expulsión, que fue rechazada en el Parlamento por los dos principales partidos de la oposición -el Partido Socialista (PS) y el ultraderechista Chega-, recordó Leitão Amaro.