El Ministerio de Transformación Digital y Servicios Públicos ha celebrado audiencia sobre el proyecto de Real Decreto, que será aprobado por el Parlamento Nueva normativa sobre servicios universales de telecomunicaciones. Según el ministerio, cualquier persona en España puede solicitar el servicio, independientemente de su ubicación geográfica, que incluye servicio de telefonía fija y acceso a conexión fija a Internet. Estos servicios también deben prestarse con cierta calidad y a un precio asequible.

Actualmente, la velocidad mínima para conexiones a internet fijas incluidas en el servicio universal es de 10 Mbps, pero debido a nuevas regulaciones, esta velocidad próximamente se multiplicará por 10 Aumentar la velocidad mínima de conexión a Internet a 100 Mbpsdeben cumplir todos los operadores que operan en el país. Con este paso, España se convertirá en el primer país de Europa en ofrecer esta velocidad dentro de un servicio universal de telecomunicaciones.

El Gobierno afirma que alcanzar esta velocidad es posible gracias a los excelentes niveles de cobertura de la red española de fibra óptica, las redes móviles con tecnología 5G y el desarrollo de las características técnicas de la conectividad a Internet a través de redes satelitales, que cubren todo el territorio.

Por otro lado, hasta el momento sólo se ha designado un operador para dar este servicio universal, Telefónica, pero el Gobierno ha decidido que, debido a la extensión de la red de telecomunicaciones, todos los operadores estarán obligados a ofrecer esta velocidad mínima en su zona de cobertura, con las características especificadas en el Real Decreto, lo que dará a los usuarios más posibilidades de elegir un operador cuando haya varios en su zona.

Por otro lado, en términos de accesibilidad, cada operador deberá disponer de suficientes terminales para personas con discapacidad, y tanto los operadores como la plataforma 112 deberán disponer de capacidades de texto en tiempo real en junio de 2027 para facilitar la comunicación a las personas con discapacidad auditiva o del habla.

Además, todos los operadores deben ofrecer un descuento mínimo del 25% a los usuarios de bajos ingresos. En concreto, el Proyecto de Real Decreto propone garantizar estos descuentos a las personas que perciben el ingreso mínimo vital, que actualmente cubre a cerca de 800.000 hogares. Todas estas disposiciones de la nueva normativa deberán implementarse a partir del 1 de enero de 2027..