El Gobierno limitará al 35% la publicidad institucional de los medios y pondrá coto a las agencias y las redes sociales
El Ministerio de Transformación Digital llevará al Consejo de Ministros este martes la Proyecto de Ley de Publicidad del Sector Público que establece qué medios pueden recibir estas campañas, cómo y en qué condiciones.
Entre las principales novedades está la limitación de que ningún medio de comunicación podrá recibir más del 35% de sus ingresos a través de publicidad institucional.incluyendo todas las administraciones, central, autonómica y local.
Según confirma EL ESPAÑOL-Invertia, el anteproyecto también incluirá un nuevo sistema para distribuir publicidad institucional en el que el Gobierno tendrá mayor control sobre las campañas.
Asimismo, las agencias de medios tendrán menos protagonismo, se optará por espacios de mayor calidad y las redes sociales quedarán fuera de la planificación.
Estamos hablando de una nueva norma que se incluye dentro del Plan de Acción para la Democracia que se presentó en septiembre de 2024pero hasta la fecha ha tenido pocos avances.
Uno de los objetivos de este proyecto es también crear un registro de medios donde se identificará la propiedad, los órganos de gestión y el origen de los ingresos de los periódicos, la televisión y la radio.
La filosofía de la nueva ley de publicidad institucional, elaborada por la cartera de Óscar López, es que los principales objetivos de comunicación estarán centrados en buscar más efectividad y eficiencia de la inversiónpara obtener la máxima cobertura con la frecuencia necesaria para que los mensajes sean efectivos.
El Gobierno también quiere encontrar un equilibrio entre las restricciones que quieren imponer unos sectores y la liberalización de otros, cumpliendo al mismo tiempo con la regulación europea (la Reglamento europeo sobre libertad de prensa) válido desde el 8 de agosto.
la norma que limita la publicidad institucional al 35% de los ingresos de los medios ha generado cierta polémica. El Ejecutivo sostiene que es una forma de conseguir que la prensa, la televisión o la radio no vivan exclusivamente de recursos públicos.
Empresas publicas
Mientras que sus detractores sostienen que se trata de una medida para frenar a medios críticos que recaudan ingresos públicos a través de administraciones vinculadas al Partido Popular (PP).
Y esta es otra de las grandes novedades, ya que unifica las normas de publicidad institucional en toda la Administración pública, no sólo en las comunidades autónomas o ayuntamientos, pero también en empresas públicas como Renfe, Correos o Adif.
En todo caso, El Gobierno cree que ese 35% es una cifra muy elevada que no cambiará en nada los presupuestos de los medios consolidados. y que obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de acuerdos y publicidad privada.
agencias de medios
Sin embargo, el gran cambio en esta norma es la forma en la que se distribuirá esta publicidad. El Ejecutivo asume que el reparto realizado por las centrales de medios no cumple con los objetivos.
Por lo tanto, ahora se llevarán a cabo controles más estrictos, donde el departamento responsable decidirá dónde y cómo quiere aparecer. Y lo harán en base a mayores criterios de segmentación y en entornos que consideren más fiables.
Es así como, en principio, las redes sociales dejarán de ser un destino directo de la publicidad institucional tras los últimos cinco años en los que Se habían convertido en uno de los apoyos preferidos de la Administración.
youtube e instagram
El Gobierno preferirá ahora que los medios utilicen canales propios en estas plataformas para emitir publicidad institucional y no destinar recursos directamente a YouTube, Instagram o TikTok.
En cualquier caso, el camino será largo. El martes se aprobará el anteproyecto, que deberá ser sometido a consulta pública y donde puede sufrir muchos cambios.
Debilidad parlamentaria
Allí, agencias y medios deben presentar sus alegaciones en un proceso que podría durar otros tres meses.
Asimismo, la debilidad parlamentaria del Gobierno y el hecho de que haya decidido no aprobar un real decreto ley, hace que tenga que entablar negociaciones con los diferentes partidos políticos que llevan meses rechazando, a priori, cualquier intento del Ejecutivo de ejecutar normas de la más diversa índole.
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