La Unión Europea ha dado el visto bueno definitivo a la última adenda al plan de recuperación presentada por España, que intenta simplificar algunos objetivos para facilitar su cumplimiento, ante la imposibilidad de cumplir algunos de ellos, y reduce los préstamos que solicitará el país a 22.700 millones de euros, casi un 73% menos de los asignados inicialmente, que el Gobierno justificó en que la financiación en los mercados es más ventajosa que la ofrecida por Bruselas. Con esta adenda, y si se cumplen todos los hitos comprometidos, el volumen de subvenciones del plan a entregar alcanzará un total de 79.800 millones de euros, que el Ejecutivo prevé ejecutar al 100%, y de los que ya se han recibido unos 55.000 millones.

Como se justifica en la adenda española, presentada junto a Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suecia, esta revisión introduce ajustes para reducir las cargas administrativas, por lo que se habrían eliminado un total de 17 reformas con rango de ley, de las cuales 12 no estaban directamente vinculadas a recomendaciones específicas de la Comisión ni a retos estructurales identificados, mientras que otras cinco se sustituyen por medidas de similar alcance y ambición en áreas prioritarias como la vivienda o la salud.

Así, por ejemplo, el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo ya no está vinculado a los fondos europeos, mientras que en salud las reformas legislativas se sustituyen por medidas concretas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la reorganización de determinados servicios. En otras áreas, como la inclusión social, las reformas planificadas son reemplazadas por ajustes regulatorios vinculados al Ingreso Mínimo Vital.

Eso sí, Bruselas mantiene compromisos clave que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene dificultades para cumplir, debido a su inferioridad parlamentaria, como la subida de la fiscalidad del diésel, que sigue formando parte de los hitos pendientes, junto con otras reformas estructurales como la ley de movilidad sostenible o la normativa para evitar el desperdicio de alimentos, por lo que los fondos asignados a estos y otros hitos pendientes podrían estar en peligro, en torno a los 16.000 millones. La adenda contempla una inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar la financiación de la economía y mantiene inversiones en varias prioridades estratégicas a través de nuevas inversiones, incluidas contribuciones a programas europeos de supercomputación y proyectos vinculados a la transición energética.

En concreto, la evaluación de la Comisión detalla que España pidió modificar 85 medidas que no eran «parcialmente» alcanzables por circunstancias objetivas, como la falta de demanda, la inflación o problemas en las cadenas de suministro, así como otras 72 para simplificar su implementación o reducir la carga administrativa. Además, España ha pedido utilizar los recursos que liberarán estos cambios para incluir nuevas medidas, en particular relacionadas con el apoyo comercial, reforzar sus contribuciones al sistema de supercomputadores EuroHPC y a la Agencia Espacial Europea, y apoyar la transición verde. También se utilizarán para reforzar inversiones, como el plan de mejora de la eficiencia del riego y subvenciones a proyectos estratégicos de vehículo eléctrico y de descarbonización.

El Gobierno ha expresado su satisfacción con esta aprobación porque establece una hoja de ruta que movilizará cerca de 103.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, que «garantiza el cumplimiento de los objetivos» para los que fue diseñado el plan, «una salida rápida y sin cicatrices de la crisis derivada de la pandemia», así como «la modernización del modelo económico y social del país».