Él Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo para implementar el semana laboral de 35 horas y desarrollar a fondo el teletrabajo en el Administración General del Estado (AGE)un cambio histórico que afectará a más de 230.000 empleados públicos.

El compromiso establece como horizonte el inicio de la reducción de jornada a partir de febrero 2026 y abre en enero intensas negociaciones para ultimar la nueva organización del trabajo, con la oposición de la patronal y el aplauso de las organizaciones sindicales más representativas.

Desde 2012, la norma general en la AGE es 37,5 horas semanalesestablecidos por instrucciones del Servicio Público y vinculados a las políticas de ajuste tras la crisis financiera.

Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos estaban recuperando la 35 horas tras sus propios acuerdos, por lo que la administración estatal había quedado uno de los últimos grandes espacios públicos anclados en las 37,5 horas.

El acuerdo alcanzado ahora entre Servicio Público y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF planea implementar el día de 35 horas por semana para el personal funcionario y laboral de la AGE, quedando expresamente excluidos los Fuerzas armadas ya en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadoque seguirán rigiéndose por su normativa específica.

Según UGT y CSIF, el Ministerio se compromete a que la medida entre en vigor en febrero 2026aunque admiten que la complejidad técnica y organizativa podría desplazar la plena aplicación a Marzo.

El contexto general es una reforma más amplia del mercado laboral. El Gobierno de coalición ha impulsado una ley para reducir la jornada máxima legal en el sector privado 40 a 37,5 horas sin reducción salarial pero sin éxito, y la AGE se convierte ahora en un laboratorio para bajar incluso a 35 horas en el ámbito público estatal.

La jornada media pactada en la administración, teniendo en cuenta comunidades y entidades locales, ya ronda 35,9 horaspara que el Estado se alinee con la práctica de buena parte del sector público.

EL Gobierno: desafíos de conciliación y productividad

Junto a la jornada de 35 horas, el acuerdo reabre el desarrollo de la teletrabajo en la AGE, partiendo del marco ya establecido en la Real Decreto de 2021que permitió hasta tres días de trabajo remoto por semana de forma voluntaria y reversible.

El objetivo ahora es actualizar este modelo tras la experiencia acumulada desde la pandemia, generalizar su aplicación real en ministerios y organismos y vincularlo a la nueva jornada, con especial atención a conciliación y a la prestación de servicios en el España vaciada.

Se mantiene el esquema básico. El teletrabajo seguirá siendo voluntariocon requisitos mínimos de antigüedad en el puesto, identificación de tareas teletrabajables, fijación de objetivos y sistemas de evaluacióny garantizar que un presencia mínima para servir al ciudadano.

La Administración debe proporcionar equipo de computoconexiones seguras y formación en habilidades digitales, además de garantizar la desconexión digital y la prevención de riesgos psicosociales como el aislamiento o el estrés.

Los sindicatos destacan que la combinación de 35 horas y el teletrabajo bien regulado puede mejorar conciliaciónreducir los tiempos de desplazamiento y contribuir a un uso más eficiente de los edificios administrativos, con ahorro energético y la posibilidad de reforzar los servicios en zonas con dificultades de cobertura presencial.

Los críticos, sin embargo, advierten sobre el riesgo de que un horario más corto sin una reorganización profunda de los procesos pueda traducirse en retrasos y una mayor carga para las fuerzas laborales ya ajustadas, especialmente en áreas sensibles como las prestaciones sociales, el empleo o la gestión fiscal.