La policía ha registrado el domicilio de la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, que también es la principal candidata conservadora a la alcaldía de París para 2026, en relación con una de las investigaciones por presunta corrupción abiertas contra ella.

El allanamiento se produjo en su domicilio de París y también en el Ministerio de Cultura y en el Ayuntamiento del distrito VII de París, que también dirige desde 2008, según detalla la Fiscalía en un comunicado.

La ministra, que también fue jefa de Justicia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy (2007-2009), fue abierta el pasado octubre por una investigación judicial por posibles delitos de corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, recepción y blanqueo de dinero relacionados con el ejercicio de su mandato como diputada al Parlamento Europeo.

El objetivo de las investigaciones es buscar pruebas sobre si Dati recibió dinero en 2010 y 2011 de la compañía energética GDF Suez, posteriormente rebautizada como Engie, mientras era diputada del Parlamento Europeo, según detalla France Télévisions.

Dati, que niega las acusaciones, ejerció como abogada entre 2009 y 2019 en paralelo a sus cargos públicos y es sospechosa de recibir pagos de GDF Suez para defender sus intereses en el Parlamento Europeo.

Este caso salió a la luz después de que el programa de televisión ‘Complément d’enquête’ (de France Télévisions) y el semanario Le Nouvel Obs revelaran el pasado mes de junio documentos que indicaban que Dati había recibido 299.000 euros a través de un despacho de abogados al que GDF Suez había pagado la misma cantidad en 2010 y 2011.

No son los únicos frentes que tiene abiertos la ministra, que ya impulsa su candidatura para sustituir a la socialista Anne Hidalgo de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en marzo de 2026.

El más grave es el que la llevará a juicio en septiembre de 2026, relacionado con 900.000 euros que recibió Dati entre 2010 y 2012 de una filial de la alianza Renault-Nissan (RNBV), también cuando era diputada europea.

Se la acusa de corrupción pasiva, tráfico de influencias, abuso de poder y abuso de confianza, porque la investigación indica que los pagos no correspondían a un verdadero trabajo de asesoramiento jurídico, sino que encubrían actividades de lobby en el Parlamento Europeo.

También hay abierta una investigación sobre 19 joyas de lujo no declaradas a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), cuyo valor se estima entre 420.000 y 600.000 euros. EFE