Vuelve el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez exigir la emisión de su pasaporte como parte de la investigación judicial en curso. No es la primera vez que el magistrado formula este requisito, que pretende aclarar si ambos hicieran viajes fuera del ámbito europeo vinculado a la cátedra universitaria que encabeza Gómez.

Según el expediente, el juez pretende aclarar fechas, duración y circunstancias posibles viajes internacionales para determinar si se realizaron gestiones relacionadas con dicha actividad académica y si, en ese contexto, la asistente -personal adscrita a la Presidencia del Gobierno- pudo participar en tareas ajenas a sus funciones públicas.

Viajes y uso de recursos públicos.

La encuesta tiene como objetivo verificar si existiera un posible uso de medios públicos para actividades privadas. En este sentido, el pasaporte es considerado por el magistrado como una herramienta clave para comparar los viajes realizados y su coincidencia temporal con iniciativas vinculadas a la cátedra universitaria. La decisión judicial no implica la incautación del documento, sino su presentación para su verificación.

A pesar de esto, más de dos meses desde que se solicitó formalmente esta información sin que hasta la fecha haya habido emitir pasaportes por las personas encuestadas. Ante esta situación, el juez fue más allá y pidió a la Policía Judicial cobrar toda la información necesaria sobre los procedimientos disponibles para llevar a cabo el requerimiento.

Posibles consecuencias legales

Fuentes jurídicas indican que El incumplimiento repetido de una orden judicial puede tener consecuencias procesales adicionales. La legislación prevé la posibilidad de castigar un delito e incluso un delito de desobediencia si persiste la negativa injustificada a cumplir una orden dictada por un juez en el ejercicio de sus funciones.

Desde la comunidad investigadora se destaca que toda persona sujeta a un proceso judicial tengo derecho a no estar de acuerdo decisiones del instructor, pero siempre a través de los cauces legales establecidos, como la interposición de recursos, y no mediante la omisión de requisitos.

Por ahora, la investigación sigue abierta y a la espera de que se esclarezcan los movimientos analizados. El juez busca definir con precisión los hechos para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen seguir adelante con el caso o adoptar nuevas medidas.

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