El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, liderado por el partido Hermanos de Italia del Primer Ministro Giorgia Meloni, pidió a la Comisión Europea que Detener y evaluar la regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes anunciada por el gobierno español. Según él, la medida podría provocar un “efecto llamada” en Europa y socavar la credibilidad de la política migratoria común de la Unión Europea.

en uno carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y el comisario europeo del Interior, Magnus Brunner, el grupo advierte que la regularización “repetida y a gran escala” en un espacio Schengen sin controles fronterizos internos podría Fomentar nuevos flujos migratorios. y crear desconfianza entre los Estados miembros en relación con la gestión de fronteras.

Críticas al riesgo del “efecto llamada”

EL Esta iniciativa contó con el apoyo de los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco.recientemente integrados en el grupo ECR, que lamentan la “falta de rigor fronterizo” de España y destaca que una decisión de esta magnitud “Esto no puede tratarse como una cuestión puramente nacional”por sus posibles consecuencias para la UE en su conjunto.

La ECR pide a Bruselas una evaluación formal el impacto de la regularización en los movimientos secundarios, la presión en las fronteras exteriores, los mecanismos de control y los controles de seguridad internos. También pide a la Comisión que aclare si la medida se ajusta a la legislación europea y los objetivos de la política común de retorno y readmisión.

El grupo conservador también exige fortalecer la condicionalidad hacia terceros países que no cooperan en la readmisión de inmigrantes, mediante un uso más estricto de la política de visados ​​y de otros instrumentos comunitarios.

La regulación es una opción legal, dice la Comisión

Por su parte, el Comisario del Interior, Magnus Brunner, subrayó recientemente que la regularización es una opción legal y que corresponde a los Estados miembros. decidir cómo gestionar a las personas que ya están en su territorio, especialmente según las necesidades del mercado laboral, defendiendo así la competencia nacional del gobierno español en esta materia.

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