MADRID 21 de julio (EUROPA PRESS) –

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha promulgado la ley que exime a policías y militares de enfrentar la justicia ordinaria en caso de abusos contra la población civil, siendo catalogados sólo como crímenes de lesa humanidad si se prueba que fueron cometidos como parte de un ataque sistemático.

La ley comienza como un compendio de iniciativas legislativas presentadas por los grupos de Fuerza Popular de la presidenta Keiko Fujimori y viejos aliados, como Renovación Popular y Avanza País, y finalmente ha sido promulgada después de que el todavía presidente, José María Balcázar, no lo hiciera en plazo.

Según los impulsores del texto, el objetivo es fortalecer la función militar y policial, históricamente cuestionada por su amplio historial de abusos contra la población civil. Entre sus últimos episodios se encuentran el medio centenar de muertos en las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 por la destitución del expresidente Pedro Castillo, que han finalizado sin consecuencias políticas.

Aunque el Congreso decidió archivar las causas presentadas contra la entonces presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, la Fiscalía ha abierto alrededor de medio centenar de investigaciones contra más de 300 miembros de la Policía y el Ejército peruanos por su gestión de aquellas manifestaciones.

Sin embargo, estos expedientes han ido y venido de diferentes escritorios, lo que a las víctimas y a los grupos de derechos humanos les plantea muchas dudas sobre una resolución satisfactoria.

LO QUE ESTABLECE LA NORMA

La norma establece que, en ningún caso, un militar o policía podrá ser investigado simultáneamente por los mismos hechos en un tribunal civil si existe vía militar o policial abierta.

Asimismo, incorpora cadena perpetua para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que colaboren con pandillas u organizaciones criminales.

La reforma también ha sido impulsada por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, que representa a cientos de militares que fueron procesados ​​por la comisión de delitos graves durante el mandato de su padre, Alberto Fujimori.