Telefónica ha confirmado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) dentro de su plan de reducción de costes. La compañía despedirá a miles de trabajadores en España de siete filiales diferentes en el que será su primer ajuste de plantilla tras la vuelta del Estado al capital de la teleco.

Los datos de impacto y las edades que se verán afectadas por la medida no se conocerán oficialmente hasta la próxima semana, cuando se instalen las mesas de negociación. Sin embargo, se estima que la cifra inicial presentada por la operadora que preside Marc Murtra ronda los 6.000 trabajadores y el recorte se iniciará a partir de los nacidos en 1969.

No es una medida nueva ni chocante para una empresa como Telefónica, ya que cada dos o tres años la compañía emprende un plan similar donde prevalecen las salidas voluntarias, al menos desde 2011. La novedad es que sucederá bajo un marco accionarial totalmente diferente al de los últimos quince años.

La irrupción de la empresa saudita Stc en el capital de Telefónica en 2023 desencadenó el movimiento del Gobierno para, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), comprar el 10% de las acciones de la compañía para convertirse en el mayor accionista.

El Estado volvió así al capital de una de las empresas más relevantes y estratégicas para el país, tras décadas desde su privatización y liberalización del mercado de las telecomunicaciones.

Telefónica ha vivido diferentes etapas bajo distintos gobiernos y durante la dictadura franquista, cuando era un monopolio estatal. Bajo las directrices de Felipe González (PSOE), ya en democracia, se inició el proceso de privatización del grupo, que fue culminado por José María Aznar (PP) en 1999.

Un ERE y menos dividendo, uno de cal y otro de arena para los accionistas de Telefónica

Fueron necesarios unos 25 años para que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, volviera a posicionarse sobre el capital de la empresa de telecomunicaciones y cambiara su rumbo estratégico.

Este dato es clave a la hora de analizar el nuevo despido colectivo anunciado, ya que El carácter «progresista» con el que se define el Ejecutivo puede contrastar con las decisiones que adopta una empresa parcialmente controlada por el Estado. abordar cuestiones laborales.

Si bien en procesos anteriores ha prevalecido la voluntariedad de las salidas, registrándose incluso más solicitudes de trabajadores de las necesarias para adscribiéndose al plan por sus generosas condiciones, en este caso tendrá mayor relevancia.

El diálogo entre sindicatos y dirección juega un papel importante, como en muchas de las medidas sociales adoptadas en la última legislatura entre Gobierno, empresarios y sindicatos.

Por otro lado, también destaca Recorte de dividendos para el próximo año.. Telefónica anunció durante la presentación de su plan estratégico que reduciría a la mitad la retribución al accionista como parte de su estrategia de ahorro de costes.

Una medida que, junto con el ERE, parece una decisión salomónica para cumplir los objetivos de ahorro, reducción de deuda y mayor eficiencia financiera.

Más aún si surge la oportunidad de ir de compras a Europa y a Telefónica. estrellas en alguna gran operación corporativa. Aunque en este caso la financiación llegaría a través de una ampliación de capital.

A diferencia de los despidos colectivos, este tipo de decisiones son impopulares entre los accionistas y el mercado suele castigarlos, al menos en el corto plazo.

Pero si ha salido adelante ha sido porque Murtra cuenta con el visto bueno de los tres principales accionistas (Estado, Sepi y Criteriala rama inversora de La Caixa que preside Isidro Fainé).

El coste económico y la elección del ERE en lugar del PSI

Con todo ello, la reducción de plantilla que planea el grupo para las empresas que operan en España no será gratuita. El ERE que cerró con los sindicatos En 2024 supuso 3.421 salidas y tuvo un coste de 1.300 millones para Telefónica.

Por tanto, si las cifras rondan los 6.000 empleados –aunque previsiblemente bajarán considerablemente en las negociaciones– El coste esta vez puede superar los 1.500 millones de euros. Sin embargo, el ahorro anual hasta 2030 compensará con creces el impacto del ERE en las cuentas de 2025.

Otro punto a destacar es por qué Telefónica ha vuelto a apostar por ejecutar un ERE en lugar del PSI que había utilizado años atrás. Entre los motivos, que la empresa no ha explicado, puede haber beneficios para los trabajadores y para la propia empresa.

Los empleados despedidos pueden beneficiarse de las prestaciones por desempleo y es el Estado el que se verá impactado por estas indemnizaciones. Sin embargo, cabe señalar que Telefónica suele pagar una compensación de hasta el 65% del salario a los trabajadores que se acogen al plan hasta los 63 años.

Estas compensaciones también están exentas del IRPF hasta 180.000 euros, a diferencia de las que la empresa puede aportar a través del PSI. Además, hay que recordar la existencia de la conocida como ‘Enmienda Telefónica’.

Se trata de una disposición legal en España que obliga a las empresas con beneficios y Más de 500 empleados para realizar aportaciones al Tesoro Público proporcionalmente por el coste de los despidos de trabajadores mayores de 50 años.

Esta norma, introducida en la Ley 27/2011, busca desalentar el despido de trabajadores mayores de 50 años, ya que suelen tener mayores costes indemnizatorios, y hacer que las empresas asuman parte del coste que ello supone para el sistema público de desempleo.

Tiene su origen en 2011, cuando la empresa de telecomunicaciones anunció un ERE en plena crisis financiera. Estos despidos colectivos suponen un gasto para el Estado, por lo que la medida se introdujo para compensarlos, y Telefónica fue el detonante para legislarla.