El Principado ultima la nueva regulación de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), que impedirá usarlos para extraer mineral
El Principado ultima una instrucción para acotar el uso de la polémica figura de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) en minería e impedir que se utilicen para extraer mineral. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, anunció en la Junta General que esta figura no podrá amparar actividades extractivas, incluido el carbón, salvo actuaciones estrictamente vinculadas a la investigación minera, como catas, sondeos o calicatas.
[–>[–>[–>Sánchez realizó este anuncio durante una interpelación urgente del diputado de Vox Gonzalo Centeno, centrada en el perjuicio económico que, según el parlamentario, se ha causado a empresas y trabajadores cuyas labores quedaron suspendidas por la incertidumbre jurídica en torno a los PIC, una referencia claramente dirigida al caso de Tyc Narcea. Centeno sostuvo que el problema no está en la existencia de esta figura, sino en el uso que se hizo de ella para permitir actividad minera sin acudir al procedimiento ordinario de explotación.
[–> [–>[–>Una instrucción para cerrar el paso a las extracciones
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El consejero explicó que la normativa vigente no regula de forma expresa los Proyectos de Investigación Complementaria, aunque defendió que su utilización tiene encaje jurídico y que existen pronunciamientos judiciales que la avalan. No obstante, admitió la necesidad de fijar criterios claros para su tramitación y avanzó que la consejería ya dispone de un borrador de instrucción.
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“La orientación que les puedo trasladar es que en ningún caso supondrán la extracción de mineral, incluido carbón, más allá de catas, sondeos o calicatas”, afirmó Sánchez. Según precisó, estas actuaciones solo servirán para determinar la existencia, el volumen o la calidad de los recursos en concesiones activas que cuenten con proyectos de explotación previamente autorizados.
[–>[–>[–>La instrucción también incorporará criterios sobre las exigencias medioambientales aplicables y sobre la posible concurrencia de obligaciones vinculadas a la devolución de ayudas concedidas al amparo del plan de cierre del carbón. Sánchez recordó que el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética condiciona determinadas actividades en explotaciones que hubieran recibido fondos para el cierre.
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Centeno rechazó que el problema sea de regulación y defendió que la cuestión de fondo está en la práctica administrativa. El diputado de Vox acusó al Principado de haber utilizado los PIC como una “vía alternativa” para permitir extracciones de carbón en explotaciones que, a su juicio, debían haber seguido otro procedimiento. En ese contexto, habló de “fraude de ley” y reclamó responsabilidades en la cúpula de la Administración autonómica.
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[–>Los casos de Tyc Narcea, Cerredo y Mina Miura
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El debate se centró en las explotaciones vinculadas al carbón. Centeno citó los casos de Cerredo, Tyc Narcea y Mina Miura, y aseguró que al amparo de los PIC se autorizaron extracciones de carbón. “¿Qué va a pasar ahora con su inversión y qué va a pasar con el empleo que había creado?”, preguntó el diputado en referencia a los empresarios que, según dijo, actuaron de buena fe bajo una autorización administrativa.
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Sánchez corrigió varios datos de Vox y aseguró que “a partir de 2021 solo hay una empresa que contaba con un PIC aprobado, que es Tyc Narcea”. Sobre Mina Miura, indicó que “lo que tiene utilizado es un proyecto de explotación”, y sobre Cerredo afirmó que “el PIC nunca llegó a producir efectos jurídicos” porque la empresa no presentó el plan de labores exigido.
[–>[–>[–>El consejero también defendió que los PIC se han utilizado en Asturias “al menos desde el año 2006” y no solo en el ámbito del carbón. Recordó que han servido para autorizar intervenciones en distintas concesiones mineras y añadió que incluso el Gobierno de Foro aprobó un proyecto de investigación complementaria en Salave.
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Centeno advirtió de la situación de Tyc Narcea, cuya autorización, según expuso, está suspendida de forma provisional tras el accidente de Cerredo y por un expediente informativo del Instituto para la Transición Justa. El diputado aseguró que la mina de Vega de Rengos cuenta con más de 70 trabajadores directos, de los que 55 están incluidos en un ERTE y el resto permanece en tareas de mantenimiento.
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Sánchez replicó que el proyecto de explotación de Tyc Narcea “claro que se está tramitando” y señaló que se están ultimando los trámites para someterlo a información pública. No obstante, advirtió de que la decisión final quedará condicionada a la aclaración del Instituto para la Transición Justa sobre si la empresa debe devolver ayudas vinculadas al plan de cierre del carbón.
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En relación con Mina Miura, Centeno denunció que los trabajadores acumulan nóminas impagadas y que la explotación atraviesa una situación de bloqueo. Sánchez expresó su “solidaridad” con la plantilla.
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El consejero cerró su intervención con el compromiso de no autorizar actividades que afecten a antiguas explotaciones de carbón sometidas al plan de cierre sin el dictamen del Instituto para la Transición Justa. “Minería sí, riqueza sí, empleo sí, pero dentro, siempre dentro de la ley y con todas las garantías”, afirmó, refiriendo que sí existe margen para extraer carbón con usos coquizables.
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