Pedro Sánchez promovió en enero una reforma de la ley de procedimientos penales, bautizados como «ley de begoña», para limitar la acción popular en los procedimientos judiciales y, por lo tanto, finales las investigaciones que la justicia ha abierto a Begoña Gómez (pareja) y David Sánchez Sánchez (hermano) en la solicitud de partes y asociaciones. La ley ya es admitida que procesa en el Congreso y está a expensas del procesamiento parlamentario: es decir, esperando obtener el apoyo de las juntas y el resto de los partidos de independencia. Y, como la razón ha podido saber, las juntas impondrán las máximas demandas porque el partido de Carles Puigdemont es consciente de que tiene la oportunidad de avanzar de esta manera en la batalla por la aplicación efectiva de la amnistía. En este sentido, el post -convergentes Amagan para evitar que su procesamiento presente la máxima presión posible y la principal demanda que se impusirá será el «castigo» a los jueces que han adoptado las decisiones contra los líderes de la independencia de los «Procés». Y eso está a punto de ver cómo se articula.

Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye ya han tratado de «castigar» a los jueces: específicamente, han presentado una queja contra el juez Joaquín Aguirre por un supuesto delito de prevaricación y malversación de malversación después de la instrucción de la «causa de Volhev» por una posible interferencia rusa, que fue presentado por el Tribunal Provincial de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha mentido esa queja. En este sentido, todo indica que la ruta para atar al «castigo» a los jueces pasará por una modificación del delito de prevaricación, aunque de las juntas tampoco quieren darse cuenta de nada.

Sin embargo, en este momento, la opinión de Puigdemont se pone principalmente en el Tribunal Penal de la Corte Suprema, que es la que impide su regreso a España, ya que considera que la amnistía no es aplicable al delito de malversación de fondos. Por otro lado, la opinión de Sánchez se establece en las acusaciones, ya que son aquellos que han colocado a su gobierno y su gobierno contra las cuerdas.

Junts va al máximo porque ahora tiene la solución de los problemas judiciales de Puigdemont. El post -convergentes no confía en Sánchez, aunque son conscientes de que la debilidad del gobierno socialista es la única arma para forzar las cosas y alcanzar sus objetivos. Por ahora, a nivel judicial, el mayor logro ha sido la amnistía, aunque no ha terminado aplicando como se esperaba la independencia porque Puigdemont no ha podido regresar a España. Y en las juntas, el Tribunal Constitucional acaba de confiar y aún menos cuando la Corte Suprema ya advirtió a las bombas de cuenta de Cándido de posibles consecuencias penales dependiendo de las decisiones que adopta. En este momento, la segunda cámara suprema ha rechazado la queja de Vox contra Pumpido, pero eso no significa que pueda abrir una investigación judicial en el futuro.

De esta manera, la urgencia de Sánchez debido a problemas judiciales ha dado a JUENT la posibilidad de aumentar nuevas demandas muy sensibles porque afectan a los jueces. Y eso puede abrir un nuevo choque con el grupo judicial en un momento crítico. De hecho, existe un sector del Consejo General del Poder Judicial que tiene la intención de promover un informe sobre la «Ley de Begoña» cuando se va a procesar. La ley está ahora en el Congreso y más temprano que tarde se espera que se procese, ya que la intención es aplicar a los procedimientos en curso:

Si mucho se retrasa, Begoña Gómez o David Sánchez corren el riesgo de ser condenado y ya no se beneficiarían.

El primer paso en el procesamiento es el voto de tener en cuenta en el plenario del Congreso y, luego, las enmiendas se discutirán en general. A partir de ahí, ya irá a la comisión y luego volverá a plenario: luego, previamente, será dos meses bloqueado en el Senado.

Y, en paralelo, los post -conversos continúan presionando durante meses para las tareas en el campo de la inmigración y el uso de catalán en las instituciones europeas.