El Reino Unido estudia nacionalizar British Steel, su empresa de acero más estratégica, golpeada por los aranceles de Trump
El Gobierno británico está buscando una salida de última hora para garantizar la supervivencia de British Steel, una empresa siderúrgica estratégica que ha registrado pérdidas millonarias en los últimos años y que se ha visto golpeada por los aranceles del 25% al acero impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro, Keir Starmer, ha planteado «tomar el control» de la compañía, actualmente en manos del grupo chino Jingye, para garantizar el suministro de este material y preservar más de 2.700 puestos de trabajo en la fábrica de Scunthorpe, situada en el norte de Inglaterra.
«Nuestra seguridad económica y nacional está en juego. Sé lo importante que es el acero, no sólo para la región sino para todo el país. Es parte de nuestra historia nacional, del patrimonio de este país y es esencial para nuestro futuro, así que actuaremos con urgencia», ha dicho Starmer, quien ha anunciado una sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes este sábado con el objetivo de aprobar ese mismo día las medidas necesarias para evitar el cierre de la planta. El primer ministro ha asegurado que «todas las opciones están encima de la mesa», incluida la nacionalización.
Los propietarios de British Steel ya habían alertado de que la situación económica de la compañía era «insostenible», con pérdidas diarias de 700.000 libras esterlinas (808.000 euros). Sus máximos responsables anunciaron el mes pasado que dejarían de pagar por materias primas fundamentales para la fabricación del acero, entre ellas carbón y mineral de hierro, con la amenaza de cerrar definitivamente los hornos si no se encontraba una solución. A la ya de por sí delicada situación de la compañía se han sumado los aranceles de EEUU, los cuales han dificultado todavía más su viabilidad.
Consecuencias políticas
La producción de la planta de Scunthorpe, la única que fabrica acero directamente de materias primas en el Reino Unido, es esencial para la construcción de vías ferroviarias y otras infraestructuras que el Ejecutivo quiere desarrollar como parte de su plan para acelerar el crecimiento económico en el país. La pérdida de más de 2.700 puestos de trabajo supondría, además, un duro golpe para una de las zonas de Inglaterra más empobrecidas y golpeadas por el aumento del coste de la vida.
Starmer es consciente de la importancia de preservar la actividad económica en esta región a pocas semanas de la celebración de elecciones locales en gran parte de Inglaterra, en las que el partido populista Reform UK se presenta como la principal amenaza para el Partido Laborista. El aumento de los apoyos al partido de Nigel Farage en el norte del país es una de las mayores preocupaciones del Gobierno, que está tratando de evitar a toda costa una fuga de votos que podría golpear todavía más su ya mermada popularidad.
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