Los principales consultores y organizaciones que trabajan en el sector de asuntos públicos celebran la decisión del gobierno de acelerar el Procesamiento de la ley de transparencia e integridad de la actividad de los grupos de interesescon el objetivo de que se pueda aprobar en este período de sesiones.

Según la información transferida por el Gobierno al APRI (Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales), el Ejecutivo ha tenido la intención de que la regla aprobara este año como una de las principales medidas de su plan de acción para la democracia.

El sector considera que es un Oportunidad histórica Proporcionar a España regulaciones comparables a los grandes referentes europeos con respecto a la regulación del vestíbulo. De un acento, su presidente, Alfonso Alonso, dijo que «la decisión del gobierno de acelerar el procesamiento es una clara señal de compromiso con la regulación de los grupos de interés. Ahora el desafío es que esta velocidad está acompañada por la ambición necesaria para ubicar a España entre los países más avanzados en transparencia y buena gobernanza».

En la misma línea, el presidente de Vinces, David Córdova, enfatizó que «es una demanda y todo lo que regula la transparencia, pero sobre todo el Derecho fundamental a la participación Siempre será bienvenido, sin olvidar que el instrumento principal de la lucha contra la corrupción es el código penal. Es para satisfacer una demanda del sector durante más de 15 años y nos pondría al nivel de Bruselas. «

Por su parte, el Presidente del Instituto AP, Joan Navarro, dijo que «la aceleración del calendario confirma que nos enfrentamos a un momento histórico: es el momento de consolidar un Borrar marco para la acción que refuerza la transparencia y poner asuntos públicos al servicio de interés general. «

La regla, cuyo borrador preliminar fue aprobado en enero de 2025 por el Consejo de Ministros y posteriormente enviado al Congreso de Diputados, establece la creación de un Registro Público de Grupos de Interés, la obligación de preparar informes de huella legislativa en cada propuesta normativa y un régimen sancionador provisto en el caso de infracción.

Propuestas del sector

Durante el proceso parlamentario, las principales empresas y asociaciones del sector están intensificando su interlocución con los grupos parlamentarios y con el ejecutivo, con el objetivo de fortalecer la ambición de la norma futura. Uno de los puntos centrales es la extensión de las obligaciones de transparencia a los diputados y senadores, lo que permitiría no solo el gobierno y la administración general del estado estar sujeta a controles, sino también al poder legislativo. Con esta medida estás buscando garantizar la trazabilidad completa de la actividad de influencia A lo largo de todo el proceso normativo, desde la elaboración inicial de los textos hasta su aprobación final en el Parlamento.

Otra de las propuestas más indicadas ha sido la incorporación de sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones sectoriales en la definición legal de grupos de interés. Actualmente, en ausencia de una referencia explícita, estos actores pueden estar fuera del marco de regulación a pesar de su papel habitual en la interlocución con las administraciones. El sector defiende que reconocerlos como lobbies legítimos evitaría vacío normativo y aseguraría que todas las formas de influencia se desarrollen con las mismas reglas de transparencia.

Del mismo modo, el sector plantea la creación de un sistema para que las agendas de las autoridades y los puestos superiores, así como las actas de las reuniones celebradas con grupos de interés, se publiquen y actualicen en tiempo real o con la mayor inmediatez posible. De esta manera, los ciudadanos tendrían acceso en todo momento a una huella pública y verificable de las interacciones que influyen en la toma de decisiones, reforzan la confianza en las instituciones y reducen cualquier percepción de opacidad.

El gobierno enmarca este proyecto de ley en el Plan de Acción para la Democracia, que agrupa 31 Medidas destinadas a fortalecer la calidad democrática en España. Estos incluyen la creación de la autoridad independiente para la protección del informante, la celebración anual del debate del estado de la nación, la regulación de los debates electorales y la reforma de la publicidad institucional. La regulación de los vestíbulos constituye uno de los pilares de este plan, al colocar la transparencia y la trazabilidad de la actividad de influencia como elementos centrales para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

«Con el compromiso del gobierno de acelerar la aprobación de la ley y el apoyo de los principales consultores del sector, España avanza hacia un marco regulatorio que refuerza la transparencia, la participación y la responsabilidad en el proceso democrático».