MADRID, 24 de mayo. (EUROPA PRESS)-

La Cámara de Senadores de Bolivia reunida en la ciudad de Sucre aprobó un proyecto de ley que deroga la Ley de Estado de Excepción, ley de 2020 que regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo, como el uso del Ejército.

La norma estableció mecanismos de control y requisitos para la declaración de un estado de emergencia, incluida la supervisión legislativa y límites de tiempo para las medidas gubernamentales.

La propuesta ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación y, de ser validada, otorgaría al Gobierno mayor margen de acción y menos restricciones para la aplicación de un estado de sitio ante escenarios de conflictividad social como el actual, en el que la capital, La Paz, está bloqueada desde hace tres semanas debido a protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La propuesta fue apoyada por una mayoría en el pleno del Senado. Quienes han apoyado la derogación han asegurado que pretenden evitar posibles excesos en la aplicación de medidas excepcionales y preservar las garantías constitucionales en medio del conflicto.

Mientras tanto, sectores cívicos como el Comité por Santa Cruz han instado al presidente Paz a decretar un «estado de excepción sectorizado» para garantizar la libre circulación y enfrentar los bloqueos.

Sin embargo, los sindicatos y organizaciones sociales convocantes a las protestas creen que la aplicación de esta figura constitucional podría incrementar el enfrentamiento y derivar en nuevos hechos de violencia.

DETENGA LA VIOLENCIA

Por otra parte, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y las Provincias han emitido un comunicado conjunto para exigir el cese inmediato de la violencia tras los enfrentamientos ocurridos el sábado en la carretera entre La Paz y Oruro y en diferentes sectores de El Alto cuando el Gobierno lanzó un convoy de policías y militares para intentar desbloquear las vías sin éxito.

También piden el «esclarecimiento urgente, independiente y transparente» de los hechos ocurridos, especialmente los relacionados con personas heridas, un fallecido y denuncias de violaciones de derechos humanos.

«Lamentamos que el diálogo no se haya producido hasta ahora», señala el documento, que advierte de la urgente necesidad de restablecer condiciones reales de comunicación entre las partes y evitar medidas que profundicen el enfrentamiento o pongan en riesgo la vida de la población.

Además, expresan su disposición a continuar estableciendo contactos tanto con sectores movilizados como con autoridades de Gobierno para contribuir a la reducción de la violencia y el restablecimiento de canales de entendimiento.

«La prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana», concluye el texto.