MADRID, 24 (PRENSA EUROPA)

La Asamblea de los Estados Partes, órgano rector de la Corte Penal Internacional (CPI), votó este viernes por amplia mayoría a favor de la destitución del ex fiscal jefe del tribunal Karim Khan por un caso de conducta sexual inapropiada, aunque el jurista británico ha negado los abusos que se le atribuyen.

«La Asamblea adoptó, por votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados partes, una decisión en la que considera que el fiscal Karim Khan ha cometido una falta grave y un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, destituyéndolo de sus funciones en aplicación del artículo 46 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», indicó en un comunicado.

Uno de los abogados que representa a Khan, Tayab Ali, ha afirmado en un comunicado que el proceso «carece de fundamento jurídico» y ha informado de que «impugnará la legalidad y la imparcialidad» de la decisión, que se tomó a puerta cerrada en una sesión extraordinaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

«El fiscal de este tribunal ha sido destituido por voto ejecutivo mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política», afirmó, añadiendo que en el marco del proceso se han producido una serie de irregularidades, entre ellas que a su cliente se le ha negado «presentar observaciones formales a la Asamblea» antes de la votación y que ha sido excluido de la misma.

«A sus representantes legales también se les ha negado el permiso para asistir o dirigirse a los Estados partes. Los Estados que han decidido su destino lo han hecho sin escucharlo a él ni a nadie que actúe en su nombre», lamentó, añadiendo que «el procedimiento fue reescrito en medio de su caso y en su perjuicio».

Asimismo, ha indicado que las conclusiones de la investigación contra él se han extendido «a cuestiones que nunca fueron planteadas y a las que nunca se le pidió que respondiera». «A Khan y sus abogados se les impidió tener cualquier representación formal sobre la resolución presentada a la Asamblea y, por lo tanto, no pudieron corregir sus numerosos errores y caracterizaciones erróneas», dijo.

El abogado británico ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones formuladas contra él por un empleado de la CPI en la sede del tribunal de La Haya, que le llevaron a retirarse temporalmente de su cargo en mayo de 2025 mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

El magistrado alegó entonces que tanto él como el tribunal son víctimas «de una amplia gama de ataques y amenazas» a su labor judicial, que incluye las órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses en represalia por las medidas adoptadas contra los dirigentes israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada al país norteamericano de altos funcionarios y trabajadores del TPI, incluidos también sus familiares directos.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este viernes en las redes sociales que el caso de Khan «ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de las graves faltas de conducta que temía que fueran reveladas».

«Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terrorismo. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron haber sido solicitadas en primer lugar y deben ser revocadas inmediatamente», dijo.