El Tribunal de Cuentas identificó el uso de 2.389 millones de euros de fondos europeos para el pago de pensiones, tal y como se indica en la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente al año 2024. El informe fue aprobado en un momento en el que La tensión interna aumenta y surgen desacuerdos entre sus miembros..

La agencia indica que la medida fue adoptada antes falta de crédito suficiente para cubrir compromisos vinculados a pensiones de clase pasiva y complementos mínimos. En este escenario, se autorizaron cambios presupuestarios financiados con los restos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Dudas sobre la legalidad

El informe indica que esta acción presenta inseguridad jurídica. «A juicio de la Corte, esta acción se llevó a cabo por motivos legales esto debería haberse justificado mejor”, dice el documento, que cuestiona el uso de estos fondos ese año.

La decisión fue tomada bajo el responsabilidad del Ministerio de Finanzasdirigida entonces por María Jesús Montero. El ministerio argumentó que se trataba de un uso «excepcional“y que esto no afectaba a los compromisos con Bruselas porque implicaba recursos”restos«.

El Tribunal también se centra en la ausencia de nuevos presupuestos generales del estado. La ampliación de cuentas anteriores ha generado, según el informe, incertidumbre en la aplicación de las normas de gestión.

Durante el año analizado, los créditos finales superaron en más de 77 mil millones de euros en inicialesfinanciado en gran medida mediante deuda.

división interna

La aprobación del informe reveló diferencias entre los asesores de la organización. Varios miembros emitieron votos críticos creyendo que el documento no pienses lo suficientemente en serio irregularidades detectadas. Incluso fue grabado una voz en contraun hecho sin precedentes en este tipo de resoluciones.

Entre las voces disidentes, destino de los fondos europeosrecordando que estos recursos deben ser utilizados en acciones consistentes con su marco regulatorio.

El análisis también muestra que el sistema de seguridad social mantiene un patrimonio neto negativo por octavo año consecutivofinanciado con préstamos estatales. La organización insiste en la necesidad de adoptar medidas que garanticen su sostenibilidad.

Además, detecta una sobrevaloración del resultado presupuestario y la existencia de pagos pendientes de justificar fuera de plazo.

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