En defensa del acuerdo con Mercosur
En este artículo, el eurodiputado socialista Jonás Fernández defiende la implementación «ya» del acuerdo entre la UE y Mercosur que ayer el Parlamento Europeo aprobó, por un estrecho margen, paralizarlo para enviarlo al Tribunal de Justicia. Fernández, que participó en la votación, desmonta algunas ideas falsas sobre el tratado que, asegura, entraña grandes ventajas para el continente en general y para Asturias en particular, incluido el campo.
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Acudo presto a mi compromiso quincenal con esta columna con el objetivo de explicar mi voto de ayer miércoles contra la remisión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, aún tras haber perdido por diez votos ante una mayoría conformada por el tercio del Parlamento en manos de la extrema-derecha, a los que ayer se sumaron los abanderados de la «verdadera izquierda», y no pocos diputados del Partido Popular Europeo –ninguno español, por cierto– y algún colega de mi propio grupo. Esa votación abre ahora un periodo de entre dieciocho o veinticuatro meses, durante el cual el Tribunal estudiará el dossier y emitirá su dictamen. Su decisión positiva a favor de la integridad jurídica del tratado comercial con Mercosur ofrece pocas dudas, a la vista de su dictamen previo sobre el acuerdo con Singapur en 2017. De este modo, el voto de ayer supone «sólo» el aplazamiento de la ratificación del tratado, pero no de su entrada en funcionamiento que el Comisión podría decidir mañana mismo, una vez que el Consejo lo ha aprobado hace unas semanas con el respaldo del gobierno de alianza progresista de España. Así pues, estamos ante una táctica dilatoria que no compromete la entrada en vigor del pacto comercial, aunque sí su ratificación, a no ser que nuestros socios sudamericanos, y estoy pensando en Lula da Silva y en Brasil, nos acaben por olvidar. Sin duda, la credibilidad de los europeos se ha puesto en duda, otra vez, pero mientras mantenga un ápice de ánimo y de voluntad, aquí seguiré defendiendo lo que creo justo.
[–>[–>[–>Mi trabajo en el parlamento siempre ha estado fundamentado en dos principios: la defensa de los que menos oportunidades tienen en cualquier esquina de la Unión y el compromiso con los intereses de Asturias. Y en virtud de ambos, especialmente del segundo, me he distanciado de la línea oficial partidista en aquellas ocasiones en las que lo he considerado oportuno. A saber, el voto a favor para rebajar la protección del lobo, el respaldo a un calendario más pausado para la retirada de los derechos gratuitos de emisión, el apoyo a un ajuste en frontera en carbono más ambicioso, también en algunos asuntos vinculados a la pesca tradicional, o en el acuerdo comercial con Canadá (CETA), que en su día motivó ríos de tinta apocalípticos y que hoy se muestra como ejemplo, después de que las exportaciones europeas se haya duplicado y las agroalimentarias hayan aumentado cerca del 60 por ciento, anclando también la relación entre dos socios que comparten ahora una amenaza común, la Administración Trump. Con el mismo compromiso, respaldo ahora sin fisuras el acuerdo comercial con Mercosur.
[–> [–>[–>Ciertamente, el sector primario atraviesa momentos complicados. A pesar de la buena situación económica coyuntural en términos generales del sector, sustentados en precios competitivos que permiten rentabilizar las explotaciones agrarias en carne o leche, la tasa de abandono y las dificultades de la vida en los entornos rurales exigen una mayor atención de los responsables públicos. En este sentido, los recortes que los comisarios europeos del Partido Popular han propuesto para la Política Agraria Común o la Política Pesquera son inaceptables, a lo que se une una carga administrativa y una dependencia de las burocracias locales que es necesario abordar. Pero si esos ajustes presupuestarios propuestos son una amenaza que estamos combatiendo, aún es más lacerante las proclamas antieuropeas de los partidos políticos que, siguiendo a Putin y a Trump, como Vox, parecen infiltrarse en cualquier debate público para contribuir a la desestabilización, la desinformación y la deslegitimización de nuestras instituciones democráticas, lo que supondría finiquitar absolutamente la PAC. Por ello, es necesario un debate transparente y sincero en el que podamos diagnosticar los problemas, priorizarlos y establecer estrategias para enfrentarlos. Acompañar y apoyar al sector primario es hacer ese trabajo junto a ellos. Vayamos a ello en lo referente al acuerdo comercial con Mercosur.
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En primer lugar, no he dejado de leer en estos pasados días que el acuerdo con Mercosur abrirá las puertas a productos agroalimentarios que no respetan nuestra normativa de calidad alimentaria. Esta falsedad es recurrente en cualquier conversación y, a fuerza de insistir en ella, quizá sin la respuesta enérgica y necesaria, se ha convertido ya en «moneda común». Ante ello, afirmo con total rotundidad que la Unión Europea exige el cumplimiento de todas la medidas fitosanitarias y sanitarias a cualquier importación de un tercer país y también, por supuesto, de Mercosur. Repito. No existe una sola línea en el acuerdo comercial suscrito donde la Unión Europea altere sus actuales políticas de calidad y seguridad alimentaria, obligando, a su vez, a todas las importaciones agroalimentarias de los países de Mercosur a cumplir con todas y cada una de las normativas sanitarias que exigimos a los productos europeos. Como se trata de hechos y no opiniones, remito al lector incrédulo al capítulo del tratado comercial sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, especialmente al artículo 6, que podrá encontrar fácilmente en una búsqueda en internet. No sé si hay que insistir más en este punto.
[–>[–>[–>Habrá, en todo caso, quien aduzca que podría haber un mercado negro de importaciones fuera del control de las autoridades. Ciertamente, el contrabando siempre es posible, con acuerdo comercial o sin él. En todo caso, en virtud de este pacto comercial, los controles tanto en frontera como sobre los países de origen se incrementan de forma extraordinaria, precisamente, para asegurar el cumplimiento de lo acordado. Sólo hay, por tanto, un escenario posible en esta materia: para comerciar con la Unión Europea se deben cumplir nuestras normas.
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Adicionalmente, se alega que algunos costes en los países del Mercosur, como los salariales, son menores, abriendo espacios a la competencia en precios. Ahora bien, los tipos de interés oficiales en Brasil o Argentina superan el 15 y el 25 por ciento, respectivamente, mientras el sector primario europeo disfruta de una PAC que complementa sustancialmente las rentas de los ganadores y agricultores. Asimismo, la calidad de nuestros productos ofrece ventajas competitivas por las que debemos apostar, siendo conscientes, además, de que en Mercosur también hay consumidores con alta capacidad adquisitiva a los que puede y debe ir dirigida nuestra estrategia comercial. En este sentido, el Principado de Asturias tiene buenas políticas orientadas a la diferenciación en calidad de nuestros productos, y esa debe ser nuestra estrategia competitiva.
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[–>Por otra parte, otra de las tribulaciones que he leído en este diario apunta al impacto del acuerdo sobre la carne de vacuno. En la actualidad, las importaciones de carne de vacuno provenientes de Mercosur suponen, aproximadamente, unas 200.000 toneladas al año, sujetas a distintos tipos de aranceles de entre el 0 y el 20 por ciento a través de varias cuotas (Hilton, Bilan, 481 o cuota específica), así como al arancel de «Nación más favorecida» sustancialmente más alto para el resto. Pues bien, el acuerdo con Mercosur establece una cuota máxima de importaciones de 99.0000 toneladas, menos de la mitad de las importaciones actuales, sujetas a un arancel del 7,5 por ciento. Debo señalar también que esa cuota máxima de importaciones representa tan sólo el 1,5 por ciento de la producción total de carne de vacuno de la Unión Europea. Acordará, querido lector, conmigo que tal volumen de importaciones máximas permitidas difícilmente supondrá el fin ningún sector, a no ser que, de manera repentina, dejemos de consumir carne de vacuno en un 98,5 por ciento. Pese a todo, y dada la sensibilidad de este producto y algunos otros, el pasado diciembre el Parlamento aprobó, y el Consejo de la UE aceptó, un sistema de salvaguardia especial para supervisar la implementación de este nuevo arancel con cuota limitada, por el cual ante hipotéticos incrementos de las importaciones de sólo el 5 por ciento, podremos paralizar el comercio.
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Este sistema de monitoreo del acuerdo no sólo aplica al vacuno, sino también a una buena parte de productos agrícolas y supone un «freno de emergencia» inédito en la protección de un sector económico.
[–>[–>[–>En otro orden de cosas, y apuntando también a oportunidades para el sector agroalimentario asturiano, afirmaba Antonio Díaz, apicultor de Campo de Caso junto a su pareja Sara Santiago, en este periódico el pasado sábado, su preocupación por la posible entrada de mieles de Mercosur «sin los mismos controles sanitarios». Le invitó a leer, como decía, el capítulo de medidas fitosanitaria y sanitarias del acuerdo, pero también el capítulo en el que se recoge la liberalización plena de las exportaciones europeas de miel a Mercosur, que sin el acuerdo afrontan un arancel del 20 por ciento, toda vez que los europeos disponemos de 6 años para eliminar el arancel, aunque sólo para un máximo del 10 por ciento del consumo de la UE. El resto tendrá un arancel «ad valorem» superior al 17 por ciento. La ilusión y compromiso que esta pareja reflejaba en sus declaraciones a este periódico son un acicate, y deben saber que cuentan con el apoyo y el ánimo de quienes legislamos en su representación.
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Por otra parte, los quesos asturianos, sector en el que hay muy buen productos y excelentes empresarios, paga en la actualidad un arancel en Mercosur en torno al 28 por ciento «ad valorem», y afrontará bajo el acuerdo un cronograma de eliminación de aranceles para una cuota de 30.000 toneladas. Asimismo, las empresas asturianas productoras de sidra, así como nuestros vinos de Cangas, abonan ahora un arancel superior al 35 por ciento, que se reducirá muy sensiblemente en los próximos años siguiendo el cronograma acordado en el acuerdo. Por último, buena parte de los insumos para elaboración de fertilizantes o piensos que proceden de los países de Mercosur experimentarán también una rebaja sustancial de sus aranceles, aminorando buena parte de los costes para nuestro sector agroalimentario.
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Así pues, y valorando en su conjunto el impacto del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea sobre el sector agroalimentario, el efecto neto estimado por Gohin, A. y Matthews A. en su reciente artículo publicado en el «Journal of Agricultural Economics», revista de científica supervisada por pares, es neutro. Es decir, en ausencia de inteligentes decisiones empresariales, «ceteris paribus», este acuerdo comercial no tendrá efecto alguno sobre el sector. Por cierto, estimaciones parecidas se ofrecían en el debate sobre el acuerdo con Canadá que ha terminado teniendo extraordinario éxito. De este modo, sólo la ambición y el talento de nuestros productores y empresarios del sector marcarán la diferencia. Centrémonos, pues, en aprovechar las oportunidades y orillar los riesgos para explotar todos beneficios del presente acuerdo.
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Ahora bien, es importante recordar que el acuerdo comercial con Mercosur no afecta exclusivamente al sector primario. Los cuatro países que lo conforman han mantenido durante años una economía muy cerrada donde la entrada de bienes y servicios de terceras jurisdicciones se hacía casi inviable. Este acuerdo representa también una reorientación estratégica del bloque sudamericano que ofrece oportunidades clave en áreas industriales y de servicios para las empresas asturianas. Así, el acuerdo supone una rebaja arancelaria promedio para las exportaciones europeas a Mercosur desde el 11 por ciento actual, en promedio, a tan sólo el 1 por ciento, frente una reducción del 4 al 2 por ciento para las exportaciones sudamericanas con destino a la Unión, tal y como estima el Banco de España. De este modo, el ahorro de costes arancelarios para los europeos suma 4.000 millones de euros anuales, facilitando el incremento de las exportaciones en torno al 60 por ciento, por un aumento de las importaciones algo superior al 10 por ciento.
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Por sectores, el desarme arancelario y, por ello, las mayores oportunidades de crecimiento se encuentran en el sector de automóviles y componentes, maquinaria y equipo industrial, productos químicos y farmacéuticos, así como productos metálicos, bienes intermedios y otros productos manufactureros. Muchos de ellos sufren ahora aranceles de hasta el 35 por ciento que se irán eliminando, en virtud del acuerdo, en los próximos años. Asimismo, se ha pactado una reducción paulatina de los costes no arancelarios para los servicios financieros, digitales, transportes y telecomunicaciones, y se abre a su vez el mercado de las contrataciones públicas, ahora férreamente bloqueado en Mercosur, estimado en unos 160.000 millones de euros anuales, y especialmente centrado en obras públicas, infraestructuras, servicios de consultoría y telecomunicaciones, material sanitario, o material de defensa. En un pequeño paseo por los polígonos industriales de la región identificará fácilmente decenas de empresas vinculadas a estos sectores, competitivas y exportadoras que deberían estar analizando ya las nuevas oportunidades de crecimiento.
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Por último, no debo terminar este artículo sin hacer una referencia a las consecuencias geopolíticas del acuerdo. Hace apenas unos días, informaba el «Financial Times» sobre las críticas y preocupaciones de la Administración Trump ante este acuerdo comercial, acusando a la Unión Europea de monopolizar económicamente a los países de Mercosur, abriendo una fuga de agua a su renovada estrategia Monroe, «América para los americanos». Junto al acuerdo con Canadá y las actualizaciones de los acuerdos con México y Chile, el pacto de Mercosur supone un movimiento existencial de la Unión Europea en su búsqueda de socios estables con los que reorganizar un orden global. Un apunte más. El acuerdo con Mercosur facilita el acceso de Europa a minerales y materias primas críticas, un asunto central que ayuda a explicar también las amenazas de Trump a la integridad territorial del Reino de Dinamarca a cuenta de Groenlandia.
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No sé hasta qué punto se percibe en Asturias la situación crítica que atravesamos para la paz de los europeos. Europa está obligada a dar pasos inmediatos y decisivos en pro de su soberanía al tiempo que es objeto hoy de una doble amenaza, externa e interna. La externa la representa Putin y su acometida criminal sobre Ucrania con la que ataca nuestras fronteras mismas, al igual que lo hace con sus permanentes juegos bélicos en territorio de la Unión, en el Báltico, Suecia, Dinamarca, Polonia o Rumania. También lo es la administración Trump que amenaza directamente territorio europeo, mientras explota nuestras dependencias en temas sensibles, como la seguridad y la defensa. Y, además, los europeos enfrentamos una amenaza interna: la que supone el cerca de un tercio de representantes en las instituciones comunitarias que operan al servicio de Trump y Putin, alentando el miedo y la confusión en temas como Mercosur. Un ejemplo: aún con todo, estaban dispuestos a que el Parlamento Europeo ratificara el acuerdo comercial con Estados Unidos, sin importarles en absoluto el sector agroalimentario ni ningún otro, que los demócratas hemos paralizado.
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Pese a este contexto, no cabe el desánimo. La Comisión debe poner en funcionamiento ya el acuerdo con Mercosur, y en el Parlamento trabajaremos para superar esa diferencia de diez votos, que será más sencillo cuando los beneficios del acuerdo se hagan visibles, tal y como observamos ahora las ventajas del pacto con Canadá. Mientras, no cejaremos en denunciar la infiltración de Vox en el debate público al servicio de enemigos de la democracia y de la paz, traidores a España y a los europeos, a sueldo de Trump y de Putin. Adelante.
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