La capital turca, que acogerá a partir de mañana la cumbre de la OTAN, es una ciudad blindada. Desde el pasado 28 de junio, Ankara prohíbe cualquier tipo de manifestación, marcha o protesta, así como la exhibición de pancartas o el reparto de folletos, una medida que permanecerá vigente hasta el viernes, dos días después de que concluya la cumbre, a la que asistirán los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países aliados de Donald Trump.

Pero la operación de limpieza de las autoridades turcas va mucho más allá del mecanismo de seguridad, ya que la víspera del suceso se encarceló a posibles activistas y se prohibió a los periodistas críticos.

Y desde hace meses, el aparato judicial turco intensifica la presión sobre la oposición a través de una serie de sentencias y detenciones masivas destinadas a neutralizar a los rivales del presidente Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones, que podrían ser el año que viene o en 2028. Para la oposición, la ofensiva criminal y administrativa constituye un «golpe judicial» verdaderamente sin precedentes, cuyas consecuencias es la fractura de las estructuras de la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP).

La medida más drástica se produjo el 21 de mayo, cuando el Tribunal de Apelación de Ankara anuló abruptamente los resultados del congreso del partido CHP de 2023. El fallo destituyó de su cargo al actual líder del partido, Özgür Özel, alegando supuestas irregularidades y la compra de delegados en las elecciones internas. Así, los tribunales ordenaron la reinstauración del veterano líder Kemal Kılıçdaroglu como presidente. Özel acusó directamente al presidente de intentar hundiendo al partido en luchas internas y frenando su crecimiento electoral, que las encuestas avalaron. Esta intervención desde arriba complementa una ofensiva territorial contra los gobiernos locales. Los juzgados mantienen bajo prisión preventiva a más de una veintena de alcaldes y funcionarios del CHP bajo acusaciones genéricas de malversación, cohecho y presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Entre los procesados ​​se encuentra la pieza más buscada por el partido gobernante: el carismático exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado el principal rival político con opciones reales de disputar la presidencia a Erdogan.

La presión de los tribunales se ha extendido también al ámbito de la protesta ciudadana de finales de junio de 2026 coincidiendo con la organización de la cumbre de la OTAN en Ankara. Bajo acusaciones basadas en leyes de seguridad nacional laxas y ambiguas, 225 personas han sido arrestadas. Los tribunales ordenaron el ingreso formal en prisión preventiva de 103 ciudadanos, mientras que otros 26 fueron sometidos a regímenes de estricto control judicial y arresto domiciliario.

«Erdogan se ha presentado como candidato a las elecciones presidenciales de 2028 con dos frentes abiertos que se retroalimentan. Por un lado, desde principios de 2025 se ha reabierto un proceso de paz que sigue los pasos de la anterior iniciativa de paz de 2013-2015, sin avances recientes en el proceso de desarme del grupo PKK”, explica a LA RAZÓN el especialista en Turquía Pol Mauri.

“Por otro lado, está aprovechando el mismo proceso de paz para debilitar a la oposición que le arrebató la mayoría en las elecciones municipales de 2024. Esta estrategia permitirá al presidente turco mantener su control sobre la oposición hasta las elecciones y servirá para dividir aún más la brecha entre el partido republicano CHP y los kurdos del Dem Parti”, afirma el investigador doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.