El limitación de compra de vivienda por extranjeros no residentes en la Unión Europea ha sido una de las medidas que más polvareda ha levantado entre la batería de propuestas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de atajar la crisis inmobiliaria que asola el país. Para materializar la iniciativa, el líder del Ejecutivo propone modificar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, lo que supondría una armonización fiscal en vivienda, al traspasar el impuesto a las comunidades autónomas.

El objetivo, según explicó Sánchez, es frenar la compra de vivienda por parte de ciudadanos procedentes de territorio extracomunitario mediante un aumento de hasta el 100% en la tasa fiscal que deben pagar cuando compran una casa en España. De esta manera aspira a «priorizar» que las viviendas disponibles acaben en manos de residentes en España.

Aunque fuentes gubernamentales han detallado a Economía Digital que, de momento, se están estudiando todas las opciones para aplicar la medida, también han reconocido que una modificación del ITP.

El problema es que esta figura impositiva, tal y como marca la legislación, es competencia de las comunidades autónomas. Esto significa que el Ejecutivo de Sánchez debería llevar a cabo reformas legislativas que en la práctica supondrían una recentralización de algunos segmentos del sistema regional del impuesto a la vivienda, como el ITP. Al menos, como ha propuesto Sánchez, para los no residentes, aunque, una vez abierto el melón fiscal, la recentralización o armonización fiscal podría ir a más.

El Gobierno señala que estos cambios deberían incluirse en una reforma del Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)que es lo que regula el sistema de régimen común. La recentralización de parte de los impuestos autonómicos sobre la vivienda busca ser un nuevo torpedo en la línea de flotación de las autonomías gobernadas por el PP que enarbolan la bandera de los bajos impuestos, especialmente la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, que tiene el impuesto más bajo sobre la vivienda. Vivienda (de segunda mano) en España.

A falta de comprobar la prórroga del supuesto acuerdo económico catalán, la reforma de la Lofca supondría también una armonización de la fiscalidad de los no residentes en Cataluña sobre la vivienda. Supondría también un ataque a uno de los socios del Gobierno, Junts, que preside Carles Puigdemont y que pretende someter al líder del Ejecutivo a una cuestión de confianza. La única manera de evitar la armonización sería incluir en la convocatoria «fiscalidad singular» Los catalanes tendrían competencias diferenciadas en este sentido, por lo que Cataluña gozaría de privilegios específicos para los inversores inmobiliarios.

Armonización fiscal

Cabe recordar que el ITP se debe pagar en la compra de una vivienda de segunda mano en España. Dado que el impuesto se transfiere a las comunidades autónomas, cada una aplica un determinado porcentaje sobre el valor de referencia del catastro, por lo que dependiendo de la región en la que se encuentre el inmueble el importe puede variar.

En concreto, el impuesto se paga sobre las transferencias pagadas realizadas durante la vida del bienes que forman parte del patrimonio de personas físicas o jurídicas, aunque también afecta a la constitución de derechos, préstamos, bonos, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.

El Comunidad de Madrid y Navarra son las regiones con menor ITP en 2024, un 6%, seguida de Canarias, con un 6,5%, y Andalucía, La Rioja y País Vasco, con un 7%. Por el contrario, los porcentajes más elevados se encuentran en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con tasas del 10 y el 11%, así como Baleares, donde empiezan en el 8% y pueden subir hasta el 13%.

Plano de vivienda

A nivel fiscal, el paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno también incluye una exención del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, independientemente de que se encuentren dentro de una zona declarada. como si estuviera estresado. Además, se reformará la fiscalidad para que los pisos turísticos tributen como un negocio y se cambiará el régimen de las socimi para que sólo se aplique a la promoción de viviendas en alquiler asequible.

También contempla el lanzamiento de un programa de rehabilitación de viviendas vacías para alquileres asequibles y la creación de un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos protegerá a los propietarios e inquilinos que participen en este tipo de alquiler.

El plan, que se espera que comience a ejecutarse el próximo año, no sólo incluye la cesión de más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva eempresa de vivienda publica ofrecer viviendas protegidas en alquiler asequible, pero también la absorción de las más de 30.000 viviendas que actualmente gestiona Sareb.

Más allá de endurecer la regulación del alquiler turístico de temporada y crear un fondo para que gobiernos regionales y municipales puedan reforzar las inspecciones, se creará un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de Vivienda, que pondrá énfasis en la modernización del sector de la construcción industrializada y modular.