El tribunal también explica que España ha asignado 221 millones de euros de los fondos de MRR a la prevención, mientras que Portugal y Grecia invirtieron 615 y 837 millones de euros. Ambas cifras muestran una brecha de sonrojo, que coloca a España en el uso de fondos europeos destinados a aliviar las catástrofes naturales.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas va más allá. El informe detalla que España solo asignó 40 millones de euros, el 18.1% de los fondos invertidos, a tres de las regiones que sufren más incendios: Galicia, Andalucía y Castilla La Mancha, que entre 2006 y 2015 reúne más de un tercio de la superficie quemada en estos desastres. Aunque el informe no detalla dónde se detendrán el resto de los fondos, un caso de infinancia hacia los territorios que más necesitan esos recursos, la mayoría necesita.

Diferentes incendios

Mientras tanto, Galicia y Andalucía son regiones con una gran afluencia de incendios, pero hay una diferencia sustancial en las características de las que ocurren en cada comunidad. Galicia es, con mucho, el territorio en el que ocurren más incendios. De hecho, entre 1983 y 2017, los incendios de esta comunidad representaban el 36% de los registrados en todo el territorio nacional, con más de 1.2 millones de hectáreas calcinadas.

Sin embargo, los incendios en Galicia tienden a ser poco dañinos. Según los datos oficiales reflejados en la estrategia nacional para combatir la desertificación, más del 60% de los incendios registrados en el territorio fueron leves. Esto se refleja en su distribución del presupuesto aportado por la UE, ya que el Tribunal de Cuentas informa que, desde 2018, la comunidad asigna más dinero a la prevención que a la respuesta y la restauración.

Sin embargo, en andalucia, las condiciones climáticas y las características de la tierra causan que más del 20% de los incendios tengan graves consecuencias a nivel erosivo. A nivel nacional, volviendo a la asignación de fondos europeos, España distribuyó los 221 millones invertidos de modo que el 54% de los fondos se previeron, 40% a la preparación y el 6% a la posterior restauración de los incendios.

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas también denuncia que España, como Grecia, utiliza «métodos obsoletos» para evaluar el riesgo presentado por los incendios, que es clave al dirigir el financiamiento. La agencia explica que anteriormente, uno de los criterios de selección correspondía a las áreas forestales para clasificarse «en las categorías de medio de alto riesgo» para optar por ayudas relacionadas con la prevención.

Sin embargo, a partir de 2023, la Comisión Europea suprimió estos requisitos, aunque estos dos estados continúan usándolos. Por lo tanto, esta declaración sugiere que España puede estar usando mecanismos anacrónicos cuando se trata de asignar fondos a áreas críticas.

A la luz de estas figuras, España incurriría en un caso de subrayado. De dos maneras, además: en General, según la brecha de Greem y Portugal, ya autónomo, debido a la escasez de fondos para los territorios más vulnerables.