«Situaciones extraordinarias requieren respuestas extraordinarias.» Es una de las frases con las que ha arrancado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su apariencia para detallar el medidas del plan anticrisis que el Gobierno de coalición ha aprobado tras un turbulento Consejo de Ministros. Reconociendo que está «muy enfadado con la situación que vive el mundo», el presidente ha denunciado que esta guerra «ilegal» en Irán «A los españoles les costará 5.000 millones de euros»Un dinero que “podría usarse para becas o dependencia”.

Sin embargo, Sánchez ha enviado un mensaje de tranquilidad y confianza en la economía española. España «va a salir fortalecida de esta crisis». «Lo que venga nos va a afectar, pero si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor», destacó valorando el rigor de las cuentas de España y detallando las «80 medidas» que entrarán en vigor «mañana». Medidas que según Sánchez benefician a «20 millones de hogares» y «tres millones de empresas».

Así, ha aprovechado el plan impulsado por el Ejecutivo. «Seremos el país con mayor escudo social de toda la UE ante una guerra que no avalamos», defendió, añadiendo además que las medidas «estarán vigentes el tiempo que sea necesario» y que «si es necesario se ampliarán».

Controles a las grandes empresas energéticas para que no se produzcan abusos

Sánchez ha subrayado que «las empresas que se beneficien de ayudas que aprovechen esta crisis para enriquecerse o de ayudas del Estado» que los ciudadanos pagan con sus impuestos serán duramente castigadas». «Es dinero que los ciudadanos pagan con sus impuestos y debe devolverles íntegramente».. Por lo tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, que «No podemos tolerar que, por pura codicia, algunos intenten aprovecharse de esta guerra».Enfatizó Sánchez.

El decreto de medidas anticrisis incluye una mayor control de los márgenes comerciales de las empresas suministradoras de combustible. En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de Competencia, así como facultar al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

Para ello, se modificará la Ley del sector de hidrocarburos, específicamente el artículo 116, para aclarar la competencia sancionadora de la CNMC en este ámbito, proponiendo al mismo tiempo un esquema de seguimiento más estrecho de la evolución con informes periódicos y recogida de información adicional de los distintos agentes.

Sánchez ha justificado esta medida apelando a «una mayor transparencia» y «capacidad de respuesta» en el caso de que se produzcan «ausencias que puedan perpetrar algunas empresas por pura avaricia», y ha señalado que medidas de este tipo se están llevando a cabo en muchos otros países para proteger a los consumidores y usuarios.

Las claves de los dos decretos

El primer real decreto contendrá la Rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los carburantes al 10%. También hay reducciones en el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Se prohibirán los cortes de suministros básicos a los más vulnerables y se incrementará la bonificación del bono social eléctrico, con subidas también de las ayudas al bono social. Además, habrá un bloque de medidas para acelerar la transición energética.

También habrá una reducción del impuesto especial a los hidrocarburos. Actualmente, el tipo del impuesto especial sobre hidrocarburos es de 0,379 euros por litro de gasóleo y de 0,47269 euros por litro de gasolina. Asimismo, se aplicará un descuento de 20 céntimos en combustible a transportistas y agricultores. Se reforzará el bono social eléctrico y térmico y habrá deducciones por eficiencia y vehículos eléctricos. Así, se aplicarán medidas para fomentar la energía verde (hidrógeno), el fomento del autoconsumo compartido y el apoyo a las cooperativas energéticas.

El logro de Sumar en este primer decreto ha sido incluir una regulación de los márgenes comerciales de las empresas energéticas.

El segundo real decreto incluiría la congelación de los alquileres, un decreto que, en principio, Junts no validará en el Congreso de los Diputados. Sea como fuere, entra en vigor este sábado y todos los contratos que finalicen entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027 se prorrogan por dos años. En 30 días habrá que ver si el Congreso revoca el decreto o lo mantiene vigente.

Sánchez ha reconocido que en este momento Todavía no tienen suficiente apoyo parlamentario, pero esperan conseguirlo. «En este segundo (decreto) se evidencia que desde el Ejecutivo no hay mayoría para validarlo, pero eso no significa que el gobierno de coalición vaya a desistir de responder a la emergencia habitacional. Por eso lo estamos dejando a un lado, para seguir negociando y sacarlo adelante», afirmó.

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