«El impacto de Ley de vivienda Aprobado en 2023 ha sido profundamente negativo. Lejos de contener precios, ha generado el efecto opuesto, causando una caída en la oferta, la inseguridad legal y la retirada masiva de la vivienda en el mercado «, los populares indican en la moción, firmado por su portavoz en la Cámara Baja, Esther Muñoz. En este sentido, el PP culpa al gobierno que con estas regulaciones,» más de 120,000 floor han abandonado el rental de residencias. Muchos propietarios han optado por vender, retirar sus propiedades o transferirlas al mercado de alquiler temporal ».

Para lo popular, el resultado de la ley de vivienda ha sido «una presión exorbitante en los pisos disponibles, especialmente en áreas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, se expulsan de los centros urbanos». Ponen un ejemplo, específicamente el de Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma en aplicar las medidas recolectadas en este estándar. Allí, según el PP, los precios han aumentado un 8,7% en el último año y que de cada tres casas que se eliminan del mercado de alquiler en España, una está en esa región.

Más allá de esto, el partido popular defenderá las medidas para poner fin a la ocupación ilegal de la vivienda, y también la investigación. Su objetivo es que cuando estos casos ocurren en un piso, los ocupantes ilegales se expulsan en 24 a 48 horas. «Según el IEE, Hoy hay alrededor de 100,000 viviendas ocupadas en Españay el 30% de los afectados ni siquiera se quejan sobre la lentitud de los procesos judiciales, que pueden extenderse hasta 18 meses. Mientras tanto, el gobierno mantiene en el Congreso la propuesta de la ley de PP contra la ocupación ilegal para desalojar a los ocupantes ilegales dentro de un período máximo de 48 horas ”, denuncia la formación política.

El PP también recuerda su movimiento de jóvenes, que son uno de los grupos que son más problemas al acceder a una casa. «El sectarismo ideológico y la ausencia de medidas efectivas están condenando a toda una generación a resignarse a un sistema que no les ofrece soluciones», indican, a lo que afirman «establecer medidas fiscales que permitan a los jóvenes acceder a un primer hogar a precios más asequibles, reduciendo así la edad promedio de emancipación».

Del mismo modo, el popular también solicita apoyo de Congreso para promover la creación de «la figura del Proyecto residencial estratégico Para unificar los procedimientos de las fases de planificación, gestión y ejecución, la reducción de los plazos de construcción de diez a cuatro años, garantizando certeza legal y hacer que la mitad de las casas que se construyen bajo esta cifra se asignan a viviendas asequibles ».

«Los resultados de la política de vivienda del gobierno son tan evidentes como alarmantes: precios de disparo, inseguridad legal, ofreciendo en retroceso y miles de jóvenes y familias no pueden alquilar una casa y, mucho menos, considerar la compra de una», dice el PP.