La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos concedió este jueves dos contundentes victorias al Gobierno del presidente Donald Trump, que le permitirán aplicar sus duras políticas antiinmigración, antes de un fallo clave sobre el futuro de su decreto para limitar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento.

Ambas decisiones se mantuvieron dentro de las líneas políticas del Tribunal Superior, con votos a favor de los seis jueces conservadores y disidentes de los tres jueces liberales.

Miles de personas en riesgo de deportación

El Tribunal Supremo autorizó a la Administración republicana a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, ahora expuestos a la deportación, al tiempo que pone en peligro a los aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que tenían ese estatus cuando Trump regresó al poder.

La opinión mayoritaria coincidió en que la ley que regula el TPS, creada en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Gobierno sobre estas protecciones.

Ante las reclamaciones de los demandantes haitianos por los numerosos comentarios despectivos de Trump, que durante la campaña presidencial incluso acusó -sin fundamento- a estos inmigrantes de comer mascotas en una localidad de Ohio, los jueces conservadores sostuvieron que «ninguna de las expresiones es abiertamente racial».

“Esta decisión pondrá en peligro a los beneficiarios haitianos del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de lo que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros”, dijo el equipo legal de estos ciudadanos al conocerse el fallo.

Los abogados advirtieron que este fallo «provocará la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes».

Un revés para los inmigrantes que buscan asilo

Además, la mayoría del tribunal permitió a la Administración rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México, lo que apoya la reactivación de una polémica política encaminada a reducir el número de migrantes que las autoridades estadounidenses deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio en el país del norte.

La cuestión en este caso es si los ciudadanos no estadounidenses deben cruzar completamente la frontera para obtener el derecho a solicitar asilo o si pueden hacerlo simplemente presentándose en los cruces fronterizos.

Los magistrados se centraron en definir qué significa exactamente “llegar” a territorio estadounidense. La mayoría conservadora afirmó que los migrantes que están en México no «llegan» por el simple hecho de «intentar, sin éxito, entrar a este país».

«Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles: morirá más gente», escribió la jueza liberal Sonia Sotomayor en su disidencia.

Protecciones constitucionales en riesgo

El Tribunal Supremo se prepara para dictar más decisiones en los próximos días antes de su habitual receso estival, que podría comenzar a finales de junio o principios de julio. La próxima jornada de opinión será el próximo lunes 29 de junio.

Entre ellos destaca un fallo clave que decidirá la constitucionalidad de una polémica orden con la que Trump quiere negar la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda de la Carta Magna estadounidense, a hijos de padres indocumentados o con visas temporales.

Este es un tema de gran relevancia para el presidente, quien durante los argumentos del caso hizo historia al convertirse en el primer presidente en ejercicio en asistir a una audiencia en la Corte Suprema.

El Tribunal Superior se mostró entonces escéptico ante la posición del Gobierno. El presidente del tribunal, el conservador centrista John Roberts, indicó que aunque los tiempos han cambiado, «la Constitución sigue siendo la misma».

Los activistas advierten que un fallo a favor del Gobierno sentaría un precedente peligroso para la protección de los derechos constitucionales.