El sistema ferroviario español, antaño orgullo nacional y joya de la corona de nuestra ingeniería, se enfrenta hoy a una crisis de seguridad y mantenimiento que ya no puede camuflarse bajo el brillo de las cifras de viajeros. El reciente accidente de Adamuzen el corredor Madrid-Sevilla, ha servido de catalizador de una realidad incómoda: las infraestructuras están siendo exprimidas hasta el agotamiento mientras el Gobierno de España parece más centrado en la narrativa política que en la seguridad técnica.

Entre las muchas excusas que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, puso ayer en el Congreso por la situación que atraviesa la red ferroviaria española, está que cada día en España viajan en tren 2 millones de personas. Así, afirmó el catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Pinto, en Con Ánimo de Lucro, lo que hace el presidente es «relativizar el accidente» al dividir las 46 víctimas entre los 2 millones de personas que utilizan cada día nuestros trenes.

Los datos no permiten interpretaciones creativas. Desde la liberalización del servicio, el tráfico en nuestros corredores de alta velocidad se ha disparado. La unidad de medida del uso de la carretera (tren-kilómetro) refleja un aumento en 50% en sólo dos años. Es una explosión de actividad sin precedentes. Sin embargo, ante este desgaste acelerado, la inversión real en mantenimiento y reparación ha quedado en una progresión inercial y atrofiada, completamente desacoplada de la presión que sufren los carriles y catenarias.

El accidente de Adamuz no es una coincidencia meteorológica ni un acontecimiento imprevisto del azar; Es la consecuencia lógica de una red que está siendo operada bajo un estrés mecánico extremo sin el refuerzo de mantenimiento equivalente. Se está ignorando la física elemental: más trenes significan más vibraciones, más fricción y menores períodos de tiempo para reparaciones preventivas. Pretender que la seguridad se mantiene “invirtiendo un poquito más” cuando el uso se multiplica por dos es, simplemente, una temeridad administrativa.

Pero lo más preocupante no es sólo el déficit de inversión, sino la respuesta política. En lugar de una asunción de responsabilidades técnica y rigurosa, el presidente del Gobierno ha optado por vuelo hacia adelante. En el Parlamento, en un ejercicio de equilibrio dialéctico impropio de quien dirige el Ejecutivo, el presidente se deshizo de la responsabilidad sobre el estado de las carreteras para deslizar una promesa que roza lo macabro: afirmó que buscarían «Hacer justicia a las 46 víctimas si es necesario».

El deber de un Gobierno no es prometer «justicia» a posteriori para víctimas que aún no existen, pero para garantizar la seguridad a priori para que no haya víctimas que vengar. Hablar de justicia post-catástrofe cuando uno escatima en el mantenimiento diario es un acto de cinismo insoportable. El «tren de la justicia» no debe ser el que llegue tras el descarrilamiento, sino el que circule por vías seguras, mantenidas con el rigor que exige el sentido común y que, hoy, brilla por su ausencia en la gestión de Adif. El Gobierno debe dejar de jugar con la semántica de la tragedia y empezar a financiar la seguridad de los ciudadanos.