La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social están enfrascados en un nuevo enfrentamiento. El servicio de Yolanda Díaz convocó la primera reunión para llevar a cabo su plan de recuperación. “democratización” de las empresasa cual Antonio Garamendi ya ha anunciado que chocará.

Será el próximo jueves cuando la gente de Yolanda Díaz se reunirá en torno a una mesa de diálogo para abrir el camino a los sindicatos en los consejos directivos de las empresas. Sin embargo, el presidente de la CEOE calificó este movimiento de «un debate absurdo» durante un evento sobre transición energética y sostenibilidad organizado por Deloitte.

Crítica del empleador

Los empleadores están resistiendo lo que consideran un “ejercicio de intervencionismo”. Así, el líder del sindicato patronal expresó su descontento por estas medidas que «sólo crean falta de confianza e inestabilidad».

Critica al Partido Laborista por lo que definió como un «ataque populista» que perjudicará la inversión: «Se están planteando ideas para que la gente no invierta y, además, con temas y premisas totalmente absurdas. ¿Qué es que no hay democracia en las empresas? ¿Vamos a hablar ahora de que el 10% de las empresas tengan que regular a los trabajadores? ¿Vamos a hablar ahora de que el 50% de los consejos son sindicatos», declaró el líder de la CEOE.

El Ministerio de Trabajo responde

Tras la decisión de CEOE, los de Yolanda Díaz estimaron que “esto demuestra la Dimisión de la patronal española para actuar como interlocutor social”, que es tu obligación.

Laborista invita a Garamendi a leer la propuesta antes de rechazarla. La iniciativa se basa en un informe de una comisión internacional de expertos que propone que los trabajadores ocupen un tercio de los puestos en los consejos de administración de las empresas de entre 50 y 1.000 empleados. En el caso de empresas de más de 1.000 empleados, los empleados ocuparían la mitad de los puestos.

Por su parte, los expertos proponen umbrales mínimos para que los trabajadores participen más en la propiedad, con mínimos del 2%, que se elevarían al 10% en las grandes empresas.