La guerra como interfaz del poder
Hace una semana asistíamos, ensimismados, al espectáculo de Washington chapoteando en su barro habitual: nuevas publicaciones y deposiciones en el caso Epstein –incluidas las de Bill y Hillary Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara– volvían a recordar que la política estadounidense no necesita enemigos exteriores para degradarse. Y entonces llegó Irán, y el barro se secó de golpe. No porque desapareciera, sino porque el fuego lo eclipsa todo. La guerra no compite con nada: absorbe la atención pública como un agujero negro. Y esa propiedad estructural del escándalo –su capacidad para disiparse ante la épica– es una tentación irresistible para cualquier líder que prefiera el mando absoluto a la rendición de cuentas.
[–>[–>[–>Aun así, el guion –popularizado por la película Wag the Dog– de la guerra fabricada para tapar un escándalo es demasiado cómodo. Lo que está ocurriendo es más eficaz: la guerra real como acelerador institucional. No se inventa la crisis; se aprovecha su efecto. Y el efecto, en 2026, tiene tres consecuencias previsibles: expansión del poder ejecutivo, encogimiento del control legislativo y normalización de un Estado que funciona como plataforma tecnológica y contractual.
[–> [–>[–>Empecemos por lo elemental: la democracia como trámite. La Cámara de Representantes votó –219 a 212– contra una resolución de War Powers que pretendía obligar al presidente a obtener autorización del Congreso para continuar las hostilidades con Irán. Llegó tarde, después del inicio de la campaña militar, y cuando llegó, perdió. En términos prácticos, el Congreso renunció a la única palanca que le queda cuando el Ejecutivo ya ha empezado la guerra por su cuenta –nunca mejor dicho–: imponer un límite temporal y exigir autorización. En la práctica, certificó que el Ejecutivo puede entrar en guerra primero y discutir después. La autocracia moderna no entra necesariamente por un golpe de Estado; puede entrar por costumbre, voto a voto, renuncia a renuncia.
[–>[–>[–>
Ahora añadamos la capa nueva, la que cambia el siglo: la guerra como software.
[–>[–>[–>Durante décadas, el debate sobre guerra y democracia giró en torno al secreto, la propaganda y el miedo. Nada de eso ha desaparecido. Lo nuevo es la velocidad: la compresión del ciclo de decisión. En jerga militar, el kill chain –detectar, priorizar, validar, ejecutar– se acorta gracias a sistemas que integran datos, formulan hipótesis y asisten decisiones a un ritmo que el legislativo no puede seguir. Cuando la velocidad se convierte en virtud suprema, la rendición de cuentas se etiqueta como «fricción» y la deliberación como «irresponsabilidad». Y conviene subrayar el matiz incómodo: la velocidad puede salvar vidas; el problema es quién fija el criterio, con qué auditoría y bajo qué contrapesos.
[–>[–>[–>
Aquí conviene introducir un episodio reciente, casi perfecto como parábola de época. Reuters informó de que la administración Trump ordenó a las agencias federales cesar el uso de tecnología de Anthropic (Claude), y de que el Pentágono la etiquetó como «riesgo en la cadena de suministro»: una expulsión administrativa con efectos inmediatos. El origen fue contractual: el Departamento de Defensa quería una cláusula de «all lawful use» –uso para cualquier fin legal– mientras la compañía se negaba a retirar prohibiciones ligadas a vigilancia doméstica y a armas plenamente autónomas. Todavía queda algún CEO con columna, sí; y por eso mismo se le corta el paso.
[–>[–>
[–>El lector europeo debería detenerse aquí. No estamos hablando de un debate filosófico sobre alineamiento. Estamos ante una disputa de soberanía. Una empresa intenta imponer límites; el Estado —en guerra y con pulsión ejecutiva— exige disponibilidad total; y el presidente responde como responde quien entiende la ley como obstáculo y el poder como derecho natural: «o firmas, o desapareces».
[–>[–>[–>
Lo más revelador es lo que la historia muestra en el siguiente plano. Palantir debía retirar el código de Claude de su sistema Maven, utilizado por el Pentágono, precisamente por esa ruptura. Y el mercado, efectivamente, se movió: OpenAI cerró un acuerdo para desplegar modelos en redes clasificadas del Departamento de Defensa. La empresa lo presentó acompañado de salvaguardas y «líneas rojas» en su propio marco de uso, pero el hecho político es otro: cuando una pieza se declara inaceptable, el Estado no debate; sustituye. La soberanía se gestiona como anexo contractual; la moral se declara en comunicados; la seguridad se adjudica por licitación.
[–>[–>[–>Este mecanismo –guerra, plataforma, contrato, excepción– es el terreno nativo de Peter Thiel. Si Musk representa el espectáculo del poder, el timeline convertido en Gobierno y el ego como institución, Thiel representa algo más serio: la arquitectura. No necesita teatro porque no gobierna con símbolos; gobierna con infraestructura, incentivos y personal. Su mundo es el de un Estado que quiere ver más, decidir más rápido y rendir menos cuentas. Y casi en la sombra.
[–>[–>[–>
JD Vance encaja ahí como pieza de ingeniería política: primero promovido en el entorno de Thiel y después impulsado por su patronazgo financiero, hasta convertirse en un activo con proyección nacional. No hace falta imaginar un «títere» para entender la lógica: un portavoz capaz de hablar el idioma populista mientras abraza, sin complejos, el marco tecnocrático en el que la democracia es un mecanismo útil, pero prescindible si estorba. El relevo de líderes es secundario cuando lo duradero es el modelo operativo: quién controla el organigrama, quién define «emergencia», quién administra datos, quién redacta pliegos, quién decide qué se compra y para qué.
[–>[–>[–>
Todo esto tendría el aire distante de una disfunción norteamericana si no existiera la segunda derivada: Europa como objetivo de coerción. Porque la guerra no solo amplía el poder interno; también reordena las jerarquías externas. Trump amenazó con cortar el comercio con España si el gobierno de Pedro Sánchez no facilitaba el uso de bases en el conflicto. Y el mismo reflejo se asomó hacia Londres: presión a Downing Street, recordatorios públicos de quién manda y qué se espera del aliado. El mensaje no es diplomático; es empresarial: «si no cumples, te penalizo». No es un exabrupto aislado: es la traducción bélica de una lógica que ya venía de antes –la coerción comercial como instrumento de disciplina geopolítica–. Y ese estilo convierte la alianza en una relación acreedor-deudor, donde el derecho internacional queda como decoración y la soberanía europea como logística.
[–>[–>[–>
Si uno quisiera resumir la época en una sola imagen, sería esta: el presidente exige «rendición incondicional» a Irán mientras el Congreso renuncia a imponer límites y su administración decide qué modelo de lenguaje puede o no puede utilizar el Estado, no por méritos técnicos sino por obediencia contractual. La guerra concentra poder; la tecnología lo ejecuta; el contrato lo formaliza; el legislativo lo ratifica tarde.
[–>[–>[–>
Lo nuevo no es la guerra. Es su utilidad institucional: gobernar por excepción, comprar velocidad, desplazar controles, disciplinar proveedores y, de paso, convertir a los aliados en subcontratas bajo amenaza comercial.
[–>[–>[–>
No hay nada misterioso en ello. Solo hay una vieja pulsión humana –mandar sin límites– a la que, por primera vez, le han entregado herramientas para operar a escala y con apariencia de eficiencia. Y cuando el poder aprende a gobernar como contrato, la libertad deja de ser un principio: pasa a ser una cláusula negociable.
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí