Año nuevo, viejo Tribunal Constitucional. En el mes de diciembre del extinto 2025 expiró el mandato de nada menos que su presidente, Cándido Conde Pumpidoporque ya era hora de renovar los magistrados que debía nombrar el Senado. Se activaron formalmente los procedimientos y… poco más. El proceso tiene varios obstáculos. La primera: la complejidad -o más bien la prolongación- del mismo, porque todos los candidatos propuestos por las asambleas autonómicas deben presentarse en la respectiva comisión parlamentaria. La segunda, y realmente la más importante, es que no hay ningún tipo de diálogo entre Gobierno y Partido Popular. Los puentes están rotos. Como nunca antes en democracia. No hay visos de llegar a ningún tipo de acuerdo. Ni siquiera cerca.

Al margen de las reglas, para acometer la sustitución de los cuatro magistrados salientes -el mandato de los progresistas también ha expirado- María Luisa Balaguer. y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías– Lo único que se necesita es un Pacto de Estado entre los dos grandes partidos que constituyan una mayoría cualificada de tres quintos. Misión imposible en el contexto actual.

Aunque Conde-Pumpido activó la sucesión el pasado verano, con la presentación de una carta a la Cámara Alta, hasta la fecha no ha habido ningún contacto entre Moncloa y Génova. Las dos personas que deben liderar la conversación son Félix BolañosTriministra de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Cuca GamarraSubsecretaria de Institucional.

No hay canal y, en realidad, no habrá mucha voluntad. El PP entiende que cualquier acercamiento al Gobierno en estos momentos, y más aún repartir escaños en una institución como el Tribunal Constitucional, sería letal para sus intereses electorales. Y el Gobierno está interesado en Conde-Pumpido, que durante su mandato ha conseguido consagrar la doctrina «siete cuatro», por la que el grueso de los recursos se resuelven a favor de los intereses de Pedro Sánchez. Ya sea la revisión de las penas de los condenados por el escándalo de los ERE o el estudio de la Ley de Amnistía.

De hecho, Alberto Núñez Feijóo Cree que el ahora presidente interino del Tribunal Constitucional está a la espera de prestar sus últimos servicios al «sanchismo»: conseguir el regreso de Carles Puigdemont a España para que Junts vuelva al redil del llamado bloque progresista y anule la sentencia que acabó con la Fiscalía General del Estado.

Así lo expresó el presidente popular en una entrevista con Servimedia, en la que denunció que un Tribunal Constitucional «conquistado» por Sánchez «está funcionando» aplicar efectivamente la medida de gracia al líder de Junts que se fugó de la Justicia y permitir su regreso en 2026, del mismo modo que seguirá «el camino» marcado por el presidente del Gobierno y brindará protección a Álvaro García Ortiz, inhabilitado por un delito de revelación de secretos.

Para el PP, lo ideal sería concluir cuanto antes el mandato de Conde-Pumpido y nacer una nueva estructura con perfiles más independientes que los actuales. Cabe recordar que son magistrados ni más ni menos que quien fue ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campoy quien fue director general de la Presidencia, Laura Diez Bueso.

Precisamente por eso, la predicción que tienen los populares es que de cara a la renovación pendiente, Sánchez pondrá sobre la mesa nombres tan independientes como los de Baltasar Garzón o el propio García Ortiz. Los del entorno de Feijóo ni siquiera se plantean que el Gobierno pueda ofrecer una terna de profesionales lejos de cualquier sospecha partidista. Por ello, y porque la distancia que separa a Sánchez de su principal rival es infinita, Conde-Pumpido seguirá en el cargo hasta nuevo aviso.

La teoría que esgrime el Gobierno, sin embargo, es que la jugada que tiene en mente el PP es obvia. Como hoy tiene mayoría absoluta en el Senado y la proyección de casi todos los sondeos -excepto el CIS- es que logrará un resultado aún mejor en las próximas elecciones generales, Feijóo intenta retrasar la renovación para que sea el próximo Senado, en el que la suma con Vox podría alcanzar los tres quintos necesarios, el que apruebe los nombramientos. De esta forma, no sería necesario un equilibrio entre progresistas y conservadores y el Tribunal de Garantías tendría una mayoría conservadora. Tesis un tanto enrevesada. En cualquier caso, no hay señales de comprensión.