Hasta la fecha, EE.UU. podría bloquear operaciones de empresas e individuos estadounidenses con Cuba. Aunque con ciertas excepciones, los actores comerciales extranjeros sin vínculos con Estados Unidos estuvieron en gran medida protegidos de los riesgos de sanciones. Eso cambia radicalmente con el nuevo marco ya que autoriza Secretarios de Estado y del Tesoro Los estadounidenses sancionarán a cualquier persona o empresa extranjera que negocie con determinados actores cubanos cuando se cumplan varios criterios, según indica la firma internacional Squire Patton Boggs en una nota a los clientes.

Así, se autoriza la imposición de sanciones a cualquier empresa o persona extranjera que opere en los sectores energético, de defensa, minero, de servicios financieros o de seguridad de la economía cubana, pero también queda abierta la posibilidad de establecer sanciones contra quien realice transacciones con el Gobierno del país o empresas o personas sancionadas bajo esta nueva orden. También cubre transacciones significativas de bancos con sujetos sancionados.

De momento, la lista de los sancionados con la nueva orden y con los que, por tanto, no se pueden realizar transacciones comerciales es corta pero importante: el holding militar gaesasu presidente y la empresa minera Moa Nickel. La clave es Gaesa ya que, según los propios Estados Unidos, controla el 40% de la economía cubana; por ejemplo, todo el negocio turístico de la isla.

El hecho de tener vínculos financieros u operativos con Gaesa expone a las empresas españolas a sanciones por parte de Estados Unidos. Sanciones que podrían implicar bloqueos de activos, sanciones monetarias, dificultades para operar en dólares… un amplio abanico para dejar de hacer negocios con la isla.

«Desde el punto de vista legal es un cambio importante ya que se proporciona a Estados Unidos un arma que puede usar como quiera. Aquellas empresas que están en Cuba tendrán una existencia más complicada en el país. Habrá un escrutinio mucho mayor por parte de bancos, aseguradoras y socios cuando hagan negocios allí y muchas empresas pensarán si vale la pena continuar«, explica José María Viñals, socio de Squire Patton Boggs, quien añade que «las entidades financieras tendrán que hacer un análisis muy exhaustivo y revisar su historial crediticio con la isla».

Fuentes empresariales señalan que el asunto es «muy delicado» para determinadas empresas españolas y que algunas tendrán que tomar la decisión de seguir o no operando en ese país al correr el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos. Bufetes de abogados señalan que ya ha habido consultas por parte de empresas españolas sobre cómo proceder ante este riesgo.

Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen y socio responsable del Cuban Desk, explica que entre las preocupaciones de las empresas se encuentran: «La vigencia y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa; el riesgo personal de sus directivos respecto de las visas de entrada a Estados Unidos; y la posición de sus bancos y aseguradoras con respecto a las operaciones en curso. No se trata de un riesgo hipotético, ni lejano ni jurídicamente sencillo.

El experto de Andersen cree que de forma gradual y selectiva se producirá una cierta retirada de las empresas españolas de Cuba y añade que la cada vez más fuerte presión norteamericana «coloca al Gobierno español en una posición incómoda frente a Washington, añadiendo una dimensión política que las empresas no pueden ignorar a la hora de evaluar su estrategia en la isla», aunque, en cualquier caso, no prevé una retirada total de las empresas españolas. A nivel internacional, la minera canadiense Sherritt International ya anunció el cese inmediato de su participación directa en empresas conjuntas en la isla.

Viñals, de Squire Patton Boggs, coincide en que estas nuevas sanciones «desalentar aún más la inversión en Cuba» ya que pueden utilizarse como herramienta de política exterior y de seguridad y que, en cualquier caso, «Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos» ya que dispone de algunos mecanismos legales para intentar impedir el cumplimiento de posibles sanciones a sus empresas.

exposición española

En este marco, las empresas españolas más expuestas a Cuba son las del sector turístico y financiero. Cadenas como Meliá, Barceló e Iberostar gestionan hoteles en el país; otros como Banco Sabadell y una entidad propiedad de Javier Botín llamada Alto Cedro representan la exposición del sector financiero.

Pero sin duda las más importantes que operan en Cuba son las empresas hoteleras. Según el ICEX, las empresas turísticas españolas gestionaron el año pasado unas 30.000 habitaciones en la isla, de las cuales unas 3.000 están en régimen de empresa mixta y el resto en régimen de CAD (contratos de gestión hotelera), «la modalidad más utilizada en Cuba». La mayoría de estos contratos de administración se centran en hoteles de 5 y 4 estrellas, “siendo España líder indiscutible en estos dos niveles”, destaca la entidad en un informe fechado en mayo de 2025.

Como marcas españolas presentes en la isla, la entidad menciona a Meliá, Iberostar, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis. También destaca que «algunas de ellas tienen planes de expansión». Señala también que existen varias empresas que se dedican al desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, tres de las cuales han firmado acuerdos con las autoridades cubanas. Pero llegados a este punto, el ICEX destaca que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte de la Administración Trump «ha introducido incertidumbre sobre el avance de algunas de estas inversiones». Esta norma otorga al país norteamericano el derecho de demandar a las empresas que se lucren con activos confiscados por las autoridades castristas.

El mayor de todos ellos es Meliá, que cuenta con alrededor de más de 14.000 habitaciones en la islarepartidos en 34 establecimientos. Una cifra que sólo se supera en España y la región Emea (Europa, Oriente Medio y África). Sólo el año pasado, la compañía abrió tres hoteles en el país caribeño, uno de ellos de 771 habitaciones en Varadero, la mayor apertura en el mundo durante ese año para la firma balear. La singularidad de este mercado es que todos los hoteles que opera son administrados porque la propiedad de todas las propiedades es del Estado.

Pero no es la primera vez que la empresa familiar se ve expuesta a amenazas por parte de la Administración Trump. Ya en el primer mandato del actual presidente americano, Washington incluso vetó la entrada a Estados Unidos del presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrertras decidir aplicar la Ley Helms-Burton. Bajo ese paraguas, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió una notificación a Escarrer en octubre de 2019 advirtiéndole que no podría ingresar al país si no aceptaba una serie de condiciones respecto de sus operaciones en Cuba. Meliá, por su parte, decidió no seguir la directiva del ejecutivo estadounidense, alegando que era contraria a la legislación europea.

Siete años después de aquel suceso, Meliá cuenta con casi 2.000 habitaciones y cinco hoteles menos que entonces, pero porque tras la Covid-19 la acogida de turistas internacionales a la isla se ha reducido a casi cero, alentada por la crisis de oferta. La gota que colmó el vaso llegó a principios de este año, cuando el bloqueo energético y comercial de Estados Unidos a Cuba dejó a las aerolíneas sin disponibilidad de combustible, lo que ha llevado a empresas como Iberia a cancelar sus operaciones en la isla desde junio. Ahora, Meliá reconoce que sólo tiene abierto el 50% de su aforo en la isla y que depende casi exclusivamente del turista nacional, por lo que su actividad es mínima.

Junto a Meliá, hay otras hoteleras españolas que podrían verse expuestas a sanciones. Otro ejemplo sería Iberostar. La empresa familiar Fluxá cuenta con 18 hoteles en el país y es uno de los mercados más importantes. Hace dos años reconoció un beneficio antes de impuestos en el país de 9,7 millones, de un beneficio global de 196,9 millones para todo el mundo.