«Es preocupante que la representación legal del tesoro público español publique en las redes sociales con un tono triunfal que, ante el Tribunal Nacional, ha logrado evitar el rendimiento de más de 6,000 millones de euros cargados incorrectamente a los ciudadanos a través del impuesto especial sobre hidrocarburos». Esto ha sido denunciado por la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, que ha cargado contra los abogados del estado por celebrar a través de las redes sociales el despido de la justicia de varios recursos presentados por las compañías en el sector de hidrocarbonos, en el que solicitaron el rendimiento a su favor de casi 6,000 millones de euros correspondientes a la sección autónoma que las compañías liquidan antes del tesoro.

En el mensaje, diseminado en LinkedIn, la defensa general expresó que «con una cantidad total de casi 6,000 millones de intereses más, estas oraciones representan un hito notable en la defensa judicial de los recursos públicos y en la identificación correcta de aquellos que realmente asumen cargas fiscales».

Estos altos funcionarios se olvidan de que los verdaderos perdedores no han sido las compañías petroleras, pero los ciudadanos, ya que cuando se resolvieron que el regreso de la sección autónoma de hidrocarburos a los operadores no continúa cuando se acreditó lo que tuvo un impacto en sus clientes.

– Dado que los «efectos negativos en su herencia se habrían neutralizado y el acceso a su solicitud de devolución significaría un enriquecimiento injusto», la puerta está cerrada para ser devuelta a aquellos que realmente han asumido el costo: los contribuyentes.

Los asesores fiscales enfatizan que estos fondos se recopilaron aplicando un tramo autónomo que el Tribunal de la Unión Europea ya ha declarado contrario a la ley comunitaria. Por lo tanto, entienden que lo que se presenta como una victoria judicial del estado sobre las grandes empresas es, de hecho, «un nuevo ejemplo de un sistema fiscal en el que la violación de los derechos de millones de contribuyentes a través de la aprobación de impuestos contrarios a la constitución o el derecho de la Unión no da lugar a la devolución o cualquier responsabilidad del estado».

Por lo tanto, consideran que «no se puede aplaudir que el estado permanezca con dinero ilegalmente, escondido en tecnicismos sobre la traducción económica del impuesto» y recuerda que son los ciudadanos quienes han pagado el impuesto. «Si alguien se ha enriquecido incorrectamente, ha sido el tesoro público español». Creen que esta defensa de los intereses del estado no solo es «inapropiada e inoportuna», sino que nuevamente plantea «dudas serias» sobre el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con «los principios de la ley de la Unión Europea».