«He tardado tres años en recuperar mi piso y me lo he encontrado en ruinas»
El Gobierno quiere prorrogar un año más la moratoria antidesahucios, que actualmente ha paralizado entre 30.000 y 60.000 lanzamientos. La medida, que vence el 31 de diciembre, fue introducida durante la pandemia como parte del escudo social en el Real Decreto … Ley 11/2020 para evitar que miles de inquilinos pierdan sus viviendas por perder su empleo o encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Pero casi seis años después y en un contexto de crecimiento económico, el Ejecutivo y sus socios, presionados por organismos como el Unión de Inquilinossiguen abogando por ampliar la norma, lo que lleva a la desesperación de miles de propietarios que no pueden recuperar sus viviendas ni cobrar el alquiler. Dada la situación y el sudoku legal en el que se ha convertido expulsar a inquilinos morosos, la alternativa que han encontrado muchos propietarios es llegar a acuerdos extrajudiciales con sus inquilinos, normalmente con dinero de por medio.
No son ni mucho menos casos aislados. El ‘lobby’ de propietarios con propiedades en alquiler, asval, cuantifica que el 80% de los pisos recuperados por sus asociados en 2024 fueron obtenidos por vía extrajudicial. «Es decir, los particulares no acuden al sistema judicial para defender su propiedad, sino que llegan a acuerdos con okupas o intentan soluciones al margen de las instituciones legales, algo que es preocupante», denuncia la asociación, reclamando a la Administración que encuentre una solución «para que el propietario deje de actuar como escudo social».
Pero a pesar de que la vía extrajudicial se presenta como más efectiva para recuperar la vivienda, otros muchos propietarios, si no la mayoría, siguen acudiendo a los tribunales para intentar desalojar a los inquilinos, aunque los tiempos de resolución se han disparado hasta superar el año y medio de forma habitual. El nuevo procedimiento de lanzamiento impuesto por el ley de vivienda Tiene un gran impacto en estos retrasos por la cantidad de burocracia que requiere, «pero nada comparado con el retraso en la ejecución de los desahucios provocado por la prórroga anual de la medida de suspensión de los procedimientos de desahucio», afirma. Inmaculada Lópezsocio en el área procesal civil en Mayo Legal.
Según el abogado, con esta norma en vigor, la simple alegación de vulnerabilidad por parte del inquilino permite la apertura automática del llamado incidente extraordinario de suspensión del desahucio, «lo que garantiza varios meses de retraso para su resolución, alargando el procedimiento de desahucio con independencia de que, al final, quede claro que existe vulnerabilidad o no», explica López.
Es algo que, por ejemplo, Kathy sufrió con su inquieto okupaa quien tardó tres años en echar de su casa tras abrir un proceso judicial en 2022 en su contra. Esta castellonense alquiló su segunda residencia, un dúplex en Moncófar (Castellón) de 110 metros cuadrados, a «una persona mayor» en 2019, y según cuenta, dejó de pagar la cuota mensual de 300 euros en mayo de 2020, pocas semanas después de que entrara en vigor la moratoria antidesahucios. «Al inicio del Covid-19 me dijo que no podía pagarme porque le era imposible ir al banco por las restricciones sanitarias; Siguió excusándose hasta octubre de ese año cuando me dijo que no piensa pagarme porque está protegida y que no veré ni un centavo”, relata.
En enero de 2021, el marido de Kathy, un trabajador autónomo, enferma y su familia enfrenta una situación extremaporque «en la casa sólo entra mi salario como obrera de fábrica, que entonces era de unos 1.300 euros», por lo que decide empezar a presionar a su curioso okupa para que se vaya. Lo primero que hace es cortarle el suministro, y es en ese momento cuando su inquilino la denuncia por coacción, según su relato, con «falsas denuncias» ante la Guardia Civil, «diciendo que está al corriente de pago y que la obligo a dejar el piso porque quiero venderlo». Según Kathy, aunque el juez le da la razón en dos ocasiones, termina siendo condenada a pagar una multa a favor de su inquilino por no pagar la factura del agua.
«Mi casa no volverá más al mercado de alquiler»
Tras esto, la propietaria decide finalmente abrir un procedimiento civil para desalojar a su curioso okupa, «y ahí comienza otro laberinto», que durará nada más y nada menos que tres años. Porque no fue hasta marzo de 2025 -después de que la propietaria presentara informes médicos que confirmaban el mal estado de salud en el que se encontraba por la situación- cuando el juez dio la primera fecha de liberación a su inquilina, después de que en abril de 2024 el tribunal fallara a favor de Kathy para que su inquilina le pagara lo que le debía hasta entonces -unos 17.000 euros- pero la dejara continuar en la vivienda por aceptar su vulnerabilidad.
Estado en el que Kathy encontró su hogar tras expulsar a su problemático okupa
Finalmente, y tras gastarse 4.000 euros en todo el proceso legal, el 11 de noviembre de 2025, Kathy recuperó su casa. Sin embargo, ese no fue el final de su terrible experiencia. «Encontré el apartamento muy destruido. No había aseos y las paredes estaban todas picadas, lo que he recuperado son ruinas», algo que este diario ha podido comprobar accediendo a las imágenes del estado actual de la casa (ver foto arriba). Ahora, Kathy calcula que tendrá que invertir entre 15.000 y 20.000 euros para rehabilitar su segunda vivienda, que «no volverá» más al mercado del alquiler. «Se dice que hay 60.000 hogares que podrían ser Se desaloja si cae la moratoria, pero nadie piensa en los propietarios, que son personas honestas y trabajadoras. Un fondo de inversión no se ve perjudicado por un okupa, pero supone la ruina para un pequeño propietario.
«Alquilé mi piso totalmente reformado y me lo devolvieron en mal estado después de dos años sin pagarme»
Muy parecido al caso de Kathy es el de Montse, otra propietaria que dice haber pasado por el mismo calvario y además «en diferentes ocasiones». El último de los trámites que tuvo que afrontar duró casi dos años y tras recuperar su piso «que había reformado casi por completo» lo encontró también «en mal estado» incluso «con golpes en las paredes». Ahora dice que está en proceso de recuperar lo que debe, pero no por voluntad de su ex inquilino. «Se están embargando pequeñas cantidades hasta cubrir la deuda pendiente conmigo», afirma.
Método igualmente complicado
Ni Kathy ni Montse han optado por recurrir a la vía extrajudicial porque, como explica Inmaculada López de, mayo legal, «Es realmente difícil negociar con una persona que ha dejado de pagar el alquiler para intentar llegar a un acuerdo para que acepte voluntariamente abandonar la vivienda». Eso sí, el letrado lamenta que con la normativa actual el procedimiento de desahucio haya perdido la «agilidad» que acompañaba a este proceso, «inicialmente concebido como un procedimiento sumario, especial y rápido».
De momento todo parece indicar que seguirá así. PSOE, Sumar, Unidas Podemos y otros socios del Gobierno parecen felices de prorrogar un año más la moratoria de los desahucios y así podría ser refrendada en el último Consejo de Ministros de 2025, posiblemente, dentro de un nuevo decreto de escoba real, como ha ocurrido en años anteriores. La normativa tendría que pasar en cualquier caso por el Congreso y ahí el Ejecutivo dependerá de Juntosque sigue sin querer recuperar relaciones con el PSOE y amenaza con tumbar cualquier iniciativa que el principal partido del Ejecutivo lleve a la Cámara.
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