hubo «situaciones de riesgo», con helicópteros «frente a frente» en el aire
Se abre una ventana de oportunidad para resolver los problemas de coordinación y mando único en los dispositivos de rastreo o rescate en Asturias. El Principado última el borrador de la ley de Gestión de Emergencias y Protección Civil, que pretende sacar a información pública a finales de este mes. Y la gran duda está en si ese texto incluirá o no instrucciones concretas sobre la dirección de los dispositivos cuando se producen desapariciones o accidentes sin indicios de criminalidad, los casos más habituales. ¿Quién debe asumir la coordinación, clave en estos casos: el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) o la Guardia Civil?
[–>[–>[–>Desde ya hace tiempo se vienen viviendo desavenencias entre los mandos de ambas instituciones cuando se realizan despliegues para buscar a alguien desaparecido. Las últimas, en el actual rastreo de la mujer desaparecida en el río Silvestre, en San Martín del Rey Aurelio. Desde el SEPA -servicio de emergencias regional que incluye a los Bomberos de Asturias y al 112- invocan al Estatuto de Autonomía, y otras leyes del Principado, para defender que el mando único les corresponde por competencia autonómica, salvo que concurran circunstancias delictivas. Desde la Guardia Civil, por su parte, se amparan en que toda desaparición lleva aparejada una investigación policial y que el liderazgo debe seguir los manuales del Ministerio del Interior, asumiendo ellos la dirección del dispositivo.
[–> [–>[–>En concreto, hacen mención al protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de personas desaparecidas, que establece que “la dirección del dispositivo será asumida por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y no por otras instituciones de carácter autonómico o local, público o privado, que participen o colaboren con el mismo». Desde el SEPA, por su parte, defienden que las competencias que marca el Estatuto de Autonomía, desarrolladas en posteriores leyes del Principado, están por encima de un protocolo del Ministerio.
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Agentes del GREIM de la Guardia Civil buscan al octogenario desaparecido en Cudillero el pasado mes de febrero. / Guardia Civil
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Con todo este panorama, el balón queda en el tejado de los dirigentes políticos de dos instituciones: el Gobierno del Principado de Adrián Barbón -en concreto, la consejería de Alejandro Calvo, de la que depende el SEPA- y la Delegación del Gobierno, encabezada por Adriana Lastra, de la que depende la Guardia Civil en Asturias. Y con la redacción de la nueva ley de Emergencias tienen una oportunidad de oro para establecer un protocolo claro que evite las fricciones.
[–>[–>[–>Sin embargo, tanto Calvo como Lastra han mantenido una postura similar ante este asunto, siendo reacios a tratar el problema y reconocerlo públicamente desde el momento en que lo desveló este diario. Solo la llegada del asunto a la Junta General del Principado, de la mano de Foro y el PP, obligó a Calvo a salir a la palestra y esbozar, sin demasiada vehemencia, una defensa de su propio servicio, asegurando que el mando único le corresponde al SEPA. Pero, en el seno del servicio de Emergencias no aprecian que esa defensa se traslade a la práctica y señalan que la postura de la Consejería es tenue, cuando no «casi más proclive” a defender que la Guardia Civil asuma el mando, mientras la Delegación del Gobierno se mantiene en sigilo público. Es por ello que existen dudas de que la ley de Emergencias llegue a abordar el asunto, dejando la situación en la indefinición actual.
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Un momento de la búsqueda del pescador en Coaña, en el último día del dispositivo especial. / SEPA
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Un rosario de desavenencias
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Hubo un “punto de inflexión”. Fue un choque entre el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) en enero de 2021, durante el operativo de rastreo por el alud en San Isidro en el que murieron dos operarios de carreteras. A partir de ahí, comenzó un rosario de choques entre ambas entidades, reproducido en dispositivos que implicaron importantes movilizaciones de efectivos y recursos.
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[–>Con el alud de San Isidro se activó el Plan Territorial de Protección Civil de Asturias (Platerpa) y se constituyó un puesto de mando avanzado del SEPA, bajo la dirección de un jefe de zona de Bomberos de Asturias, en Felechosa. Cuentan fuentes conocedoras de aquel dispositivo que la Guardia Civil exigió entonces la dirección del operativo y, cuando se les dijo que correspondía al SEPA, “abandonaron el dispositivo”. La búsqueda se alargó varias jornadas y “en los últimos días se incorporaron al despliegue, pero sin asumir el mando único del SEPA”.
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A partir de ahí, se resintió la coordinación entre los efectivos autonómicos y los de la Guardia Civil. El 18 de julio de 2023 desapareció Jimi Pérez Lorente, entonces alcalde de Soto del Barco. Fuentes del SEPA aseguran que se enteraron “por la prensa y al día siguiente de los hechos”. La Guardia Civil no había informado, como marca la ortodoxia del protocolo, previamente al 112, servicio que también depende del SEPA. Se movilizó así tarde al Grupo de Rescate autonómico, que, desde el helicóptero, localizó finalmente en un acantilado el cadáver del desaparecido, sacado del mar por los submarinistas de la Benemérita.
[–>[–>[–>Las mismas fuentes identifican otro hito de las desavenencias en diciembre de 2024, en el rescate del joven montañero leonés Senén Turienzo en Picos de Europa. Se activó de nuevo el Platerpa y se constituyó un puesto de mando avanzado conjunto de los servicios de emergencia de Asturias y Cantabria en la zona de Sotres. Entonces, según relatan, “la Guardia Civil se negó a integrarse en el dispositivo”. Señalan que “se vivieron momentos de riesgo muy elevado” con los medios aéreos al “no coordinarse”, invadiendo el helicóptero de la Guardia Civil la zona de trabajo de los drones de Bomberos del SEPA. “Ni siquiera con un plan de Protección Civil activado” lograron una integración bajo el puesto de mando del SEPA, denuncian las mismas fuentes, tanto en este caso como en el de San Isidro.
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El puesto de mando avanzado SEPA instalado en Oviñana para la búsqueda de una persona desaparecida en el mes de febrero. / Ana M. Serrano
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En febrero de 2025 desapareció un joven en Llanes que era natural de Cabezón de la Sal. La Guardia Civil comunicó públicamente que el dispositivo se cerraba cuando el operativo del SEPA continuaba abierto. De nuevo, describen “una situación de riesgo elevada”, ya que apareció el helicóptero del instituto armado en la misma zona donde ya estaba volando el del servicio autonómico.
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Ya en enero de 2026, se produjeron las desavenencias que desveló LA NUEVA ESPAÑA durante el dispositivo de búsqueda de Juancho Suárez, pescador desaparecido en Coaña. En el pueblo de Loza se desplegó el puesto de mando del SEPA y la Guardia Civil estableció uno paralelo en una furgoneta de atestados. De nuevo, faltó coordinación en los “slots” -las franjas horarias- establecidos para los medios aéreos.
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Un episodio similar se vivió en la búsqueda de una mujer de 49 años en Cangas del Narcea, pocos días después, con otro lío con los tiempos de vuelo. El helicóptero de la Guardia Civil, revelan fuentes del dispositivo, “salió sin avisar, estando asignado el tiempo de vuelo al SEPA”. Las dos aeronaves “llegaron a encontraron de frente” y el helicóptero medicalizado, perteneciente a Emergencias, tuvo que tomar tierra en la zona. Una vez hallaron a la desaparecida, fue la aeronave de la Benemérita la que la evacuó, pese estar aterrizada en las cercanías la medicalizada, con médico-rescatadora a bordo.
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Y así se llegó al actual dispositivo de búsqueda de la mujer caída en el río Silvestre, en San Martín del Rey Aurelio. La situación volvió a explotar, tal y como denunció un jefe de zona de Bomberos en declaraciones a este periódico. La Guardia Civil insiste públicamente, como ocurrió en otros dispositivos con fricciones, en que el despliegue se coordina bajo dirección de un teniente. El SEPA ha establecido, por su parte, su puesto de mando. De nuevo, coordinación paralela, sin mando único. Un problema que, con voluntad política y acuerdo entre Principado y Delegación de Gobierno, podría resolverse, negro sobre blanco, en la ley de Emergencias y Protección Civil que prepara el Gobierno de Adrián Barbón.
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