La suspensión del impuesto a la producción eléctrica acordada por el PP y Junts esta en el limbo tras el aplazamiento acordado por el PSOE y Sumar de la Comisión en el que se debía liquidar el impuesto del 7% que piden las grandes eléctricas y las renovables y que beneficiaría a los consumidores doméstico con una notable rebaja en la factura de casi 400 millones anualmente a lo que se sumarían más de 700 millones de ahorro para el comercio y la industria, lo que se traduciría en una contención de costes y precios finales.

Es previsible que en febrero, con el pleno retorno a la actividad parlamentariaSe reactiva la tramitación del Proyecto de Ley que regula el régimen de comercialización de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde el PP y Junts (con el apoyo de Vox, PNV y ERC) Incluían una enmienda transaccional para eliminar ese impuesto.

El Gobierno intenta garantizar que sus socios legislativos sigan apoyando esta medida. Sin embargo, las últimas declaraciones de Junts o miembros del PNV, como Íñigo Ansola, partidario de liquidar la factura de recargos, complican los planes del Ejecutivo para mantener el IVPEE.

Aunque en recientes declaraciones el presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) ​​se refirió específicamente a su apoyo a la eliminación del impuesto a las empresas energéticas, también dejó claro que el PNV optará por apoyar a la industria, las empresas y las compañías energéticas porque «son las empresas que Más están aportando económicamente a las haciendas provinciales.al empleo y al Estado de Bienestar.

El sector estima que eliminar el impuesto a la generación eléctrica, que se aplica indistintamente a la nuclear, a las renovables y a otras energías emisoras de CO2, supondría importantes reducciones en la factura eléctrica tanto para más de 8 millones de consumidores servicios domésticos con tarifas reguladas como pequeñas empresas o grandes industrias.

La Ley del Sector Eléctrico establece que los cargos del sistema son costos ajenos al uso de las redes y al costo de la energía, los cuales se financian a través de la tarifa eléctrica. Estos cargos, que incluyen costes asociados a políticas energéticas y sociales, encarecen las facturas finales de los consumidores. La eliminación del impuesto del 7% podría significar una Ahorro medio del 4,4% para los hogares. (unos 37 euros) y hasta 40.605 euros para las grandes industrias.

Los cargos del sistema son, junto con los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, los que conforman la parte fija de la tarifa. Los cargos financian las renovables, abordan la deuda del sistema y financian los sistemas de las islas, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Gobierno ha propuesto una actualización de las tarifas de aquí a 2025, lo que podría incrementar los pagos de los consumidores un 33%.

La enmienda del PP y Junts propone suprimir el impuesto siempre que el sistema no genere déficit. En 2023, los ingresos del sistema fueron suficientes para cubrir todos los costos regulados, con un Superávit de 3.902,9 millones gracias a la incorporación del superávit de 2022 (6.190,1 millones), que compensaron los menores ingresos externos registrados respecto a los inicialmente previstos para el año (-3.376,2 millones). Para conocer los datos de 2024 todavía habrá que esperar unos meses, aunque Se espera que el sistema cierre en equilibrio.

La eliminación de este impuesto es una demanda recurrente por parte de la industria desde la introducción del impuesto en 2012 ya que, de facto, lo trasladan los productores de electricidad a la factura del consumidor industrial. Este impuesto supone una carga de unos 1.100 millones anuales para los contribuyentes del sistema eléctrico, aunque desde su adopción ha alcanzado picos de 1.600 millones.

Lastre para la industria

«Mantener este impuesto equivale a reducir la competitividad de la industria española respecto al resto de estados de la UE, ya que ninguno de ellos ha implementado un impuesto similar», defiende Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, que engloba a las patronales de los sectores de la automoción, química, cemento, alimentación y bebidas, siderurgia, refino y papel, entre otros. La Alianza pide «eliminarla definitivamente» ya que, además, puede incluso dificultar el cumplimiento de objetivos medioambientales, «al poner barreras a la electrificación», explica. Renovables como Solaria afirman que el IVPEE impacta negativamente en el desarrollo del sector al «encarecer la electricidad producida con energías renovables para atraer industria», tal y como defiende su director general, Darío López.