Es la pescadilla que se muerde la cola. Las personas mayores siguen siendo el objetivo preferido en planes de salida de la empresael último en hacerlo fue Banco Santandery cuando pierden su trabajo y tienen que buscar uno nuevo sufren más que el resto: más tiempo en paro y más dificultades para encontrar uno. A una edad, superior a los 50 años, encontrar trabajo se convierte en una hazaña y el único recurso, en la mayoría de los casos, es recibir prestaciones por desempleo para sobrevivir y poder llegar a la jubilación con los años de cotización necesarios. Es con el margen que tienen las empresas para ajustar el coste del abandono de sus trabajadores mayores, las cuotas que paga el SEPE.

Ahora, organismos como la OCDE, el Banco de España y Fedea han coincidido en advertir de que las ayudas para mayores de 52 años limitan las posibilidades de volver al trabajo. Aunque la última reforma la acometió en 2019 el Gobierno de coalición, esta prestación no es nueva, su primera configuración se remonta a 1989. Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió esta prestación por desempleo de varias formas, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Y con la llegada de Sánchez a La Moncloa esta renta mínima de 482euros Al mes volvió a su configuración original, pero mejoró. Fue una de las primeras reformas emprendidas por el nuevo Gobierno porque consideró que los efectos del cambio eran uno de los «más dañinos» de la política laboral llevada a cabo durante el mandato del Partido Popular.

Los cambios introducidos en 2019 no sólo supusieron ampliar la edad de percepción de esta ayuda por desempleo, sino que también flexibilizaron el acceso, eliminando los ingresos de la unidad familiar como requisito para su disfrute y aumentando los años de cobro hasta la edad de jubilación. Cambia la base de cotización a la Seguridad Social asociada a la prestación del 100% al 125% del SMI con el objetivo de lastrar lo menos posible tu futura pensión.

Escrivá ataca la subvención

Estos requisitos han sido ahora muy criticados por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social. En su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados esta semana, el gobernador destacó la generosidad del sistema de protección por desempleo y vinculó esta circunstancia al diferencial histórico entre la tasa de desempleo de los países europeos y España.

Además, se preguntó si el sistema es el más adecuado para incentivar la reinserción laboral de los desempleados. De sus datos se desprende claramente que, de los beneficiarios que no trabajaron en 2021, sólo el 8,9% logró volver a trabajar al menos un día en 2022, frente a la tasa de éxito del 29,9% para las prestaciones contributivas.

El Banco de España también ha subrayado que el tipo de cotización que pagan las empresas en España para financiar el sistema de protección por desempleo, el 7,05%, duplica el vigente en cualquier otro país europeo, y ha rebajado que sus retornos en forma de políticas activas para favorecer la reinserción laboral de los desempleados tienen, como mínimo, «un gran margen de mejora».

sobrecitar

Anteriormente, la OCDE también dio la voz de alarma sobre la renta mínima. A finales de 2025, el organismo internacional apuntó al polémico subsidio para desempleados mayores de 52 años, y aludió a que el sobrepago a la Seguridad Social del 125% de la base mínima ha efectos negativos sobre las expectativas o incentivos para buscar empleo.

A la institución le preocupa que tras la reforma de las subvenciones la concentración de subsidiados mayores de 50 años haya pasado del 52% al 70%, con niveles marginales de reinserción al mercado laboral. Su conclusión es que «el diseño de las ayudas al desempleo sigue generando desincentivos «beneficios sustanciales para los trabajadores de más edad» y, para diluirlos, abogó por impedir que la parte asistencial de la protección por desempleo genere el derecho a una pensión.

Costo adicional notable

La última organización en analizar el impacto del subsidio para mayores de 52 años fue Fedea. El think tank recordó que el reforma 2019 generó un aumento de beneficiarios y desde entonces ha aumentado la proporción entre estos y los desempleados mayores de 50 años. Estimó el aumento en 37 puntos más en 2030 de lo que existiría sin reforma, en total 315.718 beneficiarios adicionales y advirtió que no tener en cuenta los ingresos familiares puede generar problemas de equidad.

Según Fedea, este aumento de destinatarios supone un coste adicional «notable» para el sector público. Por un lado, derivado del pago de la subvención, que aumenta paulatinamente y en 2030 crecerá en 1.818 millones en 2025. Por otro, por la subida de obligaciones futuras de pensiones -con un valor actual descontado de 9.456 millones en 2025-, debido al mayor número de beneficiarios en el periodo estudiado y al incremento de la base de cotización del 100 al 125% del SMI, situación que afecta tanto a antiguos perceptores como a perceptores adicionales, así como a la reducción de cotizaciones en la situación alternativa de los perceptores de trabajar percibiendo el SMI, que se sitúa en 8.479 millones en 2025. La suma de ambos efectos «utilizando el uso prudente «hipótesis» implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 de 17.935 millones en 2025 en valor actual hasta 2030.