El Tribunal Supremo continúa con su particular prueba de estrés del ámbito político y judicial. La sentencia contra él sigue sin revelarse. Fiscal General del Estado por el caso de la filtración de datos del novio de Ayuso, pero su condena está acaparando toda la atención.

El alto tribunal hizo pública este jueves una sentencia histórica contra el máximo responsable del Ministerio Público en España por divulgación de datos reservados. La Segunda Sala impuso una inhabilitación especial de dos años para ese puesto, una multa de 7.200 euros e indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daño moral.

La noticia ha supuesto un duro golpe para el Gobierno, que acata la sentencia, pero ya ha dicho que no la comparte. Aunque los miembros del Ejecutivo han sido muy cautelosos al hablar de este asunto, el coordinador federal de IU, Antonio Maillose ha atrevido a verbalizar lo que algunos socialistas nos dicen en privado: que lo que ha pasado «es un golpe de estado».

En Más Madrid han añadido aún más presión al ambiente y han afirmado que «lo que pasó ayer en el Tribunal Supremo fue un Mensaje mafioso de la derecha política».

Aunque más discretos, también hay quienes ponen a prueba la capacidad del Tribunal Supremo para resistir los ataques políticos. los ministros Óscar López y Yolanda Díaz han afirmado que detrás de la decisión hay un «motivación política».

Del otro lado están quienes celebran la resolución judicial. En el PP de Madrid no aplauden, pero están cerca. Fuentes populares han hablado de «satisfacción» con la decisión y en Génova han defendido el respeto a las decisiones judiciales.

Por supuesto, la consideración hacia la labor judicial se muestra ahora y con este asunto. Porque vale la pena recordar que cuando el Corte Constitucional avaló Ley de Amnistía al decir que era un órgano político.

División en el poder judicial

La evidente tensión llega al poder judicial, que amaneció este viernes muy dividido por el fallo. Por un lado, los miembros de la sector progresista Critican que el decisión «demasiado rápida y sin unanimidad» ¿y? «No hay ni un solo elemento de prueba» para sentencia.

Por su parte, hay jueces conservadores como Manuel García Castellónlos cuales sí ven elementos que prueban la culpabilidad de García Ortiz. El magistrado considera que en su comunicado de prensa, el fiscal general dio detalles que no podía hacer públicos, aunque ya eran conocidos.

Todo ello, a falta de conocer la sentencia, que aclarará elementos clave como los hechos probados o los fundamentos jurídicos que llevaron a la correspondiente condena. Queda por ver si esto agrava aún más el conflicto entre las diferentes partes.

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