El coste de esta gama de impuestos para el empresariado se ha disparado desde los 10.197 millones de euros contabilizados en 2018 a los 16.017 millones que midió el INE en el ejercicio fiscal 2024, último del que hay datos disponibles. La mayor parte de esa factura corresponde a los impuestos sobre la energía, que ese año supusieron una factura de 12.861 millones de euros para las empresas radicadas en el país y que han experimentado un crecimiento del 48% frente a los 8.700 millones que representaban en 2018. El incremento ha sido del 32% en el caso de los impuestos al transporte, que incluyen los impuestos de circulación y matriculación; mientras que los que pagan por lo que el INE llama ‘contaminación y recursos’ y que incluyen emisiones contaminantes, tratamiento de aguas o gestión de residuos se ha más que duplicado, pasando de 989 millones de euros a 2.268 millones.

Esta cuenta incluye los recursos derivados del impuesto temporal a las empresas energéticas, que disminuyó este año y suavizará el panorama de la presión fiscal que soporta el tejido productivo el próximo año.

Las cargas para las empresas son las que explican sustancialmente el crecimiento de la relevancia de la fiscalidad ambiental en los últimos años. Desde 2018 los ingresos por este tipo de figuras han aumentado desde algo más de 22.000 millones a alrededor de 27.000 en 2024 y sólo el año pasado aumentaron un 9%.

Las empresas pagan más y los hogares pagan menos

La foto ofrecida por el INE presenta a los hogares como los grandes beneficiarios de la estrategia fiscal del Gobierno. Desde 2018 el La factura del impuesto medioambiental para los ciudadanos se ha reducido un 8,5%.principalmente porque pagan un 11,5% menos de impuestos por la energía, beneficiándose de las medidas de alivio aprobadas por el Gobierno ante la espiral de precios de la energía que aligeraron la carga fiscal sobre las facturas y algunas de las cuales todavía estaban vigentes en 2024. De nuevo, las estadísticas de 2025 probablemente ofrecerán un panorama menos agradable.

En cualquier caso, ha habido una transferencia sustancial de cargas fiscales en materia de tributación ambiental. Si en 2018 los hogares pagaron el 53% de la carga fiscal de la tributación ambiental, en 2024 solo asumieron el 40%. Lógicamente, el tejido productivo, por el contrario, ha pasado de pagar el 47% de esa factura a soportar el 60% de la misma.